Auditorías revelaron que la aerolínea arrastraba riesgos fiscales por retenciones no practicadas, impuestos diferidos pendientes de comprobación y deudas con la Seguridad Social que solo logró aplazar
Noticias Policiales11 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
Varios agentes de la Policía Nacional están registrando desde primera hora de este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra, que se encuentra situada en Alcobendas, Madrid, según ha podido saber este medio de fuentes de la propia compañía. Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez en una polémica operación de 53 millones de euros.
El registro de la aerolínea llega un día después de la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez y de Vicente Fernández, antiguo presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo que se encargó de autorizar la ayuda para la empresa.
En octubre del año pasado la Fiscalía presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional centrada en el posible uso indebido de los fondos públicos provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. La denuncia señalaba que Plus Ultra, controlada en parte por accionistas venezolanos, habría utilizado el dinero público para devolver préstamos a sociedades investigadas en Francia y Suiza por operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al régimen venezolano.
El polémico rescate de la SEPI
El rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se gestó con una rapidez inusual durante los primeros meses de la pandemia. El 1 de septiembre de 2020, la compañía presentó formalmente su solicitud de ayuda, alegando estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, requisito indispensable para acceder al fondo de apoyo a empresas estratégicas afectado por la Covid-19.
Sin embargo, posteriores auditorías revelaron que la aerolínea arrastraba riesgos fiscales por retenciones no practicadas, impuestos diferidos pendientes de comprobación y deudas con la Seguridad Social que solo logró aplazar después de haber iniciado el proceso de rescate.
La decisión clave se tomó mucho antes de contar con toda la documentación exigida. Según las actas del consejo gestor del fondo de la SEPI, incorporadas al procedimiento judicial, ya el 9 de febrero de 2021 –cinco meses después de la solicitud y apenas unas semanas después de que el fondo empezara a operar– se celebró la primera reunión en la que se declaró la operación “conforme” y se calificó a Plus Ultra como empresa «estratégica».
En esa sesión, presidida por Bartolomé Lora y con la presencia como invitado del entonces secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, se justificó la ayuda porque «recuperar la conectividad es esencial para recuperar el turismo». En ese momento, la SEPI solo disponía del plan de viabilidad presentado por la propia compañía, sin haber recibido aún los informes jurídicos y financieros independientes.
No fue hasta las reuniones de los días 2 y 3 de marzo de 2021 cuando el consejo gestor dispuso de la documentación completa y autorizó formalmente el desembolso de 53 millones de euros: 19 millones en préstamo ordinario y 34 millones en préstamo participativo.
Todas las actas reflejan una conformidad unánime de los miembros del consejo, pese a que los informes posteriores pondrían en cuestión tanto la situación real de la empresa como el cumplimiento estricto de los requisitos legales.Un informe pericial de 499 folios, elaborado por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y al que tuvo acceso Europa Press, concluye que existen «dudas más que razonables» sobre si Plus Ultra cumplía realmente las condiciones para recibir la ayuda pública.
Los peritos destacan, en particular, la incertidumbre sobre si la aerolínea ya se encontraba en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 –fecha corte establecida por la normativa europea–, lo que la habría excluido automáticamente del rescate.
Entre los puntos más críticos del informe figuran la falta de documentación sobre un préstamo participativo de 6,3 millones de euros suscrito en 2017 con la entidad panameña Panacorp, la omisión en las cuentas de 2019 de provisiones por dos procedimientos judiciales abiertos (uno de 908.000 euros y otro de 1,1 millones), y la posterior cancelación de una deuda de 8,9 millones con bonistas que podría haber ocultado una situación de insolvencia técnica. Estos elementos, según los peritos, generan serias dudas sobre la veracidad del balance patrimonial presentado a la SEPI y, por tanto, sobre la legitimidad del rescate.
Registros en empresas vinculadas a Servinabar
Precisamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Según han informado fuentes de la investigación, los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que es propietario el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la investigación de la UCO.
Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.
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