Auditorías revelaron que la aerolínea arrastraba riesgos fiscales por retenciones no practicadas, impuestos diferidos pendientes de comprobación y deudas con la Seguridad Social que solo logró aplazar
Noticias Policiales11 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
Varios agentes de la Policía Nacional están registrando desde primera hora de este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra, que se encuentra situada en Alcobendas, Madrid, según ha podido saber este medio de fuentes de la propia compañía. Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez en una polémica operación de 53 millones de euros.
El registro de la aerolínea llega un día después de la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez y de Vicente Fernández, antiguo presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo que se encargó de autorizar la ayuda para la empresa.
En octubre del año pasado la Fiscalía presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional centrada en el posible uso indebido de los fondos públicos provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. La denuncia señalaba que Plus Ultra, controlada en parte por accionistas venezolanos, habría utilizado el dinero público para devolver préstamos a sociedades investigadas en Francia y Suiza por operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al régimen venezolano.
El polémico rescate de la SEPI
El rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se gestó con una rapidez inusual durante los primeros meses de la pandemia. El 1 de septiembre de 2020, la compañía presentó formalmente su solicitud de ayuda, alegando estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, requisito indispensable para acceder al fondo de apoyo a empresas estratégicas afectado por la Covid-19.
Sin embargo, posteriores auditorías revelaron que la aerolínea arrastraba riesgos fiscales por retenciones no practicadas, impuestos diferidos pendientes de comprobación y deudas con la Seguridad Social que solo logró aplazar después de haber iniciado el proceso de rescate.
La decisión clave se tomó mucho antes de contar con toda la documentación exigida. Según las actas del consejo gestor del fondo de la SEPI, incorporadas al procedimiento judicial, ya el 9 de febrero de 2021 –cinco meses después de la solicitud y apenas unas semanas después de que el fondo empezara a operar– se celebró la primera reunión en la que se declaró la operación “conforme” y se calificó a Plus Ultra como empresa «estratégica».
En esa sesión, presidida por Bartolomé Lora y con la presencia como invitado del entonces secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, se justificó la ayuda porque «recuperar la conectividad es esencial para recuperar el turismo». En ese momento, la SEPI solo disponía del plan de viabilidad presentado por la propia compañía, sin haber recibido aún los informes jurídicos y financieros independientes.
No fue hasta las reuniones de los días 2 y 3 de marzo de 2021 cuando el consejo gestor dispuso de la documentación completa y autorizó formalmente el desembolso de 53 millones de euros: 19 millones en préstamo ordinario y 34 millones en préstamo participativo.
Todas las actas reflejan una conformidad unánime de los miembros del consejo, pese a que los informes posteriores pondrían en cuestión tanto la situación real de la empresa como el cumplimiento estricto de los requisitos legales.Un informe pericial de 499 folios, elaborado por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y al que tuvo acceso Europa Press, concluye que existen «dudas más que razonables» sobre si Plus Ultra cumplía realmente las condiciones para recibir la ayuda pública.
Los peritos destacan, en particular, la incertidumbre sobre si la aerolínea ya se encontraba en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 –fecha corte establecida por la normativa europea–, lo que la habría excluido automáticamente del rescate.
Entre los puntos más críticos del informe figuran la falta de documentación sobre un préstamo participativo de 6,3 millones de euros suscrito en 2017 con la entidad panameña Panacorp, la omisión en las cuentas de 2019 de provisiones por dos procedimientos judiciales abiertos (uno de 908.000 euros y otro de 1,1 millones), y la posterior cancelación de una deuda de 8,9 millones con bonistas que podría haber ocultado una situación de insolvencia técnica. Estos elementos, según los peritos, generan serias dudas sobre la veracidad del balance patrimonial presentado a la SEPI y, por tanto, sobre la legitimidad del rescate.
Registros en empresas vinculadas a Servinabar
Precisamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Según han informado fuentes de la investigación, los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que es propietario el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la investigación de la UCO.
Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de tener bajo control la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra
El individuo accedió al interior del local asegurando ser «miembro de la Fiscalía» y exigiendo de forma agresiva la retirada de un cartel que calificó como «secesionista» y que, según su versión, fomentaba «delitos de odio»
Según ha quedado probado en el juicio, los acusados violaron a la víctima y posteriormente la degollaron, causándole la muerte de forma violenta y consciente. El tribunal considera acreditado que actuaron con ensañamiento
Un ejemplo paradigmático fue el ataque yihadista ocurrido en Madrid en noviembre, cuando un individuo hirió a varias personas en plena calle y atacó con un cuchillo a los agentes al grito de «Alá es grande». Pese a que para los investigadores no existían dudas sobre su carácter terrorista, Interior decidió no comunicarlo como tal
El sondeo también señala que el 63,9% de los españoles considera excesiva la inmigración actual y que el 76% apuesta por endurecer el control de fronteras
De acuerdo con fuentes próximas a la investigación, la detenida contaba además con una orden de alejamiento en vigor respecto de su exnovio, una medida judicial que habría sido quebrantada
Sin embargo, esta reacción estaba preparada bastante antes de que siquiera empezara la votación: el vídeo se grabó en torno a las 13 horas, según marca el reloj que el líder del Ejecutivo lleva puesto en la grabación. Esta preparación explica que también los ministros y el PSOE cargaran a la vez y de forma casi coordinada contra el PP
Regularizar masivamente no es solo un gesto ideológico, es una operación electoral a medio plazo, con el fin de modificar el censo, especialmente a nivel municipal, para crear nuevas bolsas de votantes dependientes del sistema
Se da la circunstancia de que en 2021 fue condenada a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir ebria --con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol
Las declaraciones, pronunciadas en un tono especialmente duro, han intensificado el enfrentamiento político y han reabierto el debate sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno, el uso de los recursos públicos y el papel de la comunicación institucional
El gasto público dedicado a RTVE y Correos rozó los 1.900 millones de euros, casi el triple de lo invertido en conservar vías, señalización y sistemas de seguridad
