Sanchez hace TikTok mientras esta rodeado de corrupción y acosadores sexuales en el PSOE

España atraviesa un momento social delicado. Miles de familias viven con la angustia permanente de no llegar a fin de mes, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de salarios y pensiones, y la pobreza —especialmente la infantil y la laboral— sigue siendo una realidad estructural que no se puede maquillar con eslóganes. En este contexto, el país necesita un liderazgo sobrio, centrado y consciente de la gravedad de los problemas que afectan a la mayoría social.

Sin embargo, la imagen que proyecta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las últimas semanas es la de un dirigente cada vez más alejado de esa realidad. Mientras su partido se ve sacudido por múltiples escándalos —casos de presunto acoso sexual conocidos públicamente y detenciones de personas vinculadas al entorno socialista por distintas causas—, el presidente opta por una estrategia de comunicación basada en vídeos ligeros en TikTok, hablando de gustos musicales o aspectos personales que resultan, como mínimo, fuera de lugar.

No se trata de demonizar las redes sociales ni de exigir solemnidad permanente. Se trata de prioridades. Cuando un Gobierno está rodeado de polémicas graves que afectan a la credibilidad institucional, la respuesta no puede ser la evasión ni la banalización. La política no es un concurso de popularidad, y la presidencia del Gobierno exige una altura moral y una responsabilidad que van mucho más allá de la imagen.

Pedro Sánchez

La responsabilidad no es solo penal, es política
Pedro Sánchez ha defendido en numerosas ocasiones que no se puede condenar a nadie sin una sentencia judicial firme. Y es cierto. Pero esa afirmación, legítima en el ámbito jurídico, no puede utilizarse como coartada para eludir la responsabilidad política, que es de otra naturaleza. La responsabilidad política implica asumir que cuando los escándalos se acumulan en torno a tu partido y tu entorno, algo falla en el liderazgo, en los mecanismos de control y en la cultura interna.

Especialmente grave resulta el tratamiento de los casos de acoso sexual que han salido a la luz. Más allá de la presunción de inocencia individual, lo que se cuestiona es la coherencia de un partido que ha hecho del feminismo una de sus principales banderas, pero que parece reaccionar tarde y mal cuando los problemas aparecen en casa, lo que hacen es ocultarlo. El silencio, la minimización o la gestión opaca no son compatibles con la ejemplaridad que se exige a quien gobierna.

Una desconexión creciente con la calle
Mientras tanto, los ciudadanos lidian con alquileres disparados, hipotecas asfixiantes, empleos precarios y una sensación generalizada de inseguridad económica. Muchos trabajadores, incluso con empleo, son pobres. Muchos jóvenes ven imposible emanciparse. Y muchas personas mayores ayudan económicamente a sus hijos y nietos para sostener hogares que no se sostienen solos.

Ante este panorama, la imagen de un presidente centrado en su marca personal, en vídeos virales y en mensajes cuidadosamente editados para redes sociales, transmite una desconexión preocupante. No es solo una cuestión estética: es una cuestión de sensibilidad política y social.

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Lo que Sánchez exigió a Rajoy
Hay, además, un elemento que no puede ignorarse: Pedro Sánchez pidió públicamente la dimisión de Mariano Rajoy en una situación de crisis institucional, argumentando que un presidente no puede mantenerse en el cargo cuando su entorno político está gravemente cuestionado, aunque él no esté imputado personalmente. Aquellas palabras no fueron improvisadas; eran una defensa explícita de la ética pública y de la dignidad de las instituciones.

Hoy, esas palabras vuelven como un espejo incómodo. Si entonces la regeneración democrática exigía responsabilidades, ¿por qué ahora no? ¿Por qué lo que antes era inaceptable se convierte hoy en algo asumible? La coherencia es una de las principales virtudes de la política, y su ausencia es una de las causas del descrédito institucional.

Dimisión como acto de responsabilidad, no de culpabilidad
Pedir la dimisión de un presidente no es acusarlo de un delito. Es exigirle que asuma que su continuidad daña la confianza en las instituciones y agrava la fractura entre la clase política y la ciudadanía. En determinadas circunstancias, dimitir no es una derrota: es un acto de responsabilidad democrática.

España no necesita un presidente atrincherado en la comunicación, ni rodeado de escándalos que erosionan día a día la credibilidad del Gobierno. Necesita un liderazgo que entienda que gobernar no es resistir a cualquier precio, sino servir con dignidad, coherencia y respeto a los ciudadanos.

Cuando la realidad social empeora, cuando la pobreza crece y cuando la confianza se pierde, la pregunta ya no es si un presidente puede aguantar. La pregunta es si debe hacerlo.

El narcisismo político y el abuso del decreto: gobernar sin escuchar
Uno de los rasgos más evidentes del actual presidente del Gobierno es un narcisismo político cada vez menos disimulado. Pedro Sánchez ha construido su liderazgo en torno a su propia imagen, a su resistencia personal y a una narrativa constante de supervivencia política, incluso cuando esa supervivencia se produce a costa del debate democrático, del consenso parlamentario y del respeto institucional.

La política, en su concepción más sana, es servicio público. Sin embargo, en el caso de Sánchez, da la impresión de que el Gobierno gira alrededor de su figura, de su relato y de su permanencia en el poder. La comunicación constante en redes sociales, el protagonismo personal en cada anuncio y la falta de autocrítica refuerzan la sensación de que el proyecto político ha sido sustituido por un proyecto personal.

Este narcisismo se traduce también en una forma de gobernar preocupante: el uso sistemático del decreto-ley como herramienta ordinaria, vaciando de contenido el debate parlamentario y reduciendo al Congreso a una cámara de convalidación automática. Lo excepcional se ha convertido en norma, y la urgencia permanente sirve de excusa para esquivar el diálogo, la negociación y el control democrático.

Nadie sostiene seriamente que España viva en una dictadura. Pero sí es legítimo denunciar una deriva autoritaria en las formas, un modo de gobernar que recuerda más al “ordeno y mando” que a la democracia deliberativa que recoge la Constitución. Un “dictador de tres al cuarto”, no en el sentido literal, sino en el sentido político: alguien que gobierna como si la legitimidad electoral justificara cualquier método, cualquier imposición y cualquier desprecio a la oposición y a la crítica.

Cuando un presidente confunde mayoría parlamentaria con poder absoluto, cuando convierte los decretos en rutina y el Parlamento en trámite, y cuando su principal preocupación parece ser su imagen y no la situación real de los ciudadanos, el problema deja de ser ideológico y pasa a ser democrático.

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Las sombras sobre las primarias y la sospecha permanente de pucherazos electorales
Otra de las cuestiones que persigue a Pedro Sánchez desde sus inicios como líder del PSOE es la controversia en torno a los procesos internos electorales del partido y las dudas que distintos militantes y cargos socialistas han expresado públicamente sobre la limpieza y transparencia de aquellas primarias que lo consolidaron en el poder orgánico.

Algunos socialistas históricos y militantes —como Tomás Gómez, entre otros— han denunciado en distintos momentos irregularidades internas, llegando a hablar de urnas ocultas, falta de garantías y maniobras destinadas a controlar el resultado de procesos que, en teoría, debían ser ejemplares. Estas declaraciones, realizadas por personas que formaban parte del propio partido, nunca han sido aclaradas de forma convincente por la dirección socialista, que optó por el silencio o la descalificación personal de los denunciantes en lugar de una auditoría transparente que disipara cualquier duda.

Aunque estas acusaciones no han derivado en condenas judiciales firmes contra Pedro Sánchez, su mera existencia ha contribuido a alimentar una sensación de desconfianza que nunca ha sido resuelta del todo. En política, la apariencia de limpieza es casi tan importante como la limpieza misma, y cuando las sombras no se disipan, el daño a la credibilidad es profundo y duradero.

A ello se suma que, en el ámbito electoral general, investigaciones judiciales en distintos niveles de la administración han puesto el foco en prácticas irregulares relacionadas con el uso de recursos públicos, redes clientelares o posibles manipulaciones del proceso democrático. Sin afirmar culpabilidades concretas ni anticipar conclusiones judiciales, resulta legítimo señalar que estas investigaciones refuerzan la percepción de un sistema donde el poder se protege a sí mismo y donde la ética queda relegada a un segundo plano.

El problema no es solo lo que dictaminen los tribunales —que deben hacerlo con independencia y rigor—, sino el deterioro de la confianza ciudadana. Cuando un líder político acumula dudas sobre su forma de llegar al poder, sobre cómo lo ejerce y sobre los mecanismos que utiliza para conservarlo, el resultado es un desapego creciente hacia las instituciones y una democracia cada vez más frágil.

La regeneración democrática no consiste en resistir, ni en negar, ni en atacar al mensajero. Consiste en dar explicaciones claras, asumir responsabilidades políticas y entender que el poder no pertenece a quien lo ocupa, sino a los ciudadanos.

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