La «ley trans» permite fraudes que el Gobierno se niega a contabilizar

El fraude en la ley trans crece en España mientras el Gobierno admite que no controla los cambios de sexo registral ni los posibles abusos derivados de esta nefasta y aberrante ley.

El Gobierno elude controlar el fraude en la ley trans
El fraude en la ley trans no figura en ninguna estadística oficial. El Gobierno reconoce que no contabiliza los posibles abusos en los cambios de sexo registral desde la entrada en vigor de la norma. No quiere.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ofreció esta respuesta tras una solicitud de información en el Portal de Transparencia. El Ejecutivo justifica su inacción y negligencia en la complejidad administrativa. Alega la dispersión de los Registros Civiles y la dificultad de recopilar datos de todas las oficinas.

Obviamente, esta explicación no convence a nadie. El Estado registra nacimientos, matrimonios y nacionalidades sin problemas. Y son en muchísima mayor cuantía. Sin embargo, renuncia a vigilar el fraude en la ley trans, una norma con efectos jurídicos profundos.

Una norma basada sin controles reales
La Ley 4/2023, conocida como ley trans, entró en vigor el 2 de marzo de 2023. El texto elimina requisitos médicos y se apoya únicamente en la autodeterminación de género. Así, cualquier persona mayor de edad puede cambiar su sexo legal mediante una declaración libre. No necesita informes médicos ni tratamientos previos.

Este diseño abre la puerta al fraude en la ley trans. Cualquier persona puede modificar su sexo registral para obtener ventajas concretas. Entre los beneficios posibles figuran el acceso a espacios segregados por sexo, políticas de discriminación positiva, protección legal reforzada y ventajas administrativas.

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El Gobierno reconoce que existen controles administrativos. Sin embargo, no aporta datos sobre su eficacia ni sobre los abusos detectados.

Miles de cambios de sexo y cero datos sobre fraude
Las cifras oficiales revelan la magnitud del fenómeno. Dos años después de la entrada en vigor de la ley, 10.670 personas cambiaron su sexo en el Registro Civil. Durante 2024 lo hicieron 5.531 personas.

El fraude en la ley trans resulta imposible de evaluar porque el Ejecutivo no recopila información específica sobre irregularidades.

El 63% de los cambios correspondieron a hombres que pasaron a figurar legalmente como mujeres. Este dato refuerza las sospechas sobre usos estratégicos del sistema.

Madrid y Cataluña concentraron el 45,54% de los cambios en 2024. Andalucía ocupó el tercer lugar. La Rioja registró solo ocho casos.

El Ejecutivo prefiere no saber. Evita medir el fraude en la ley trans para no cuestionar una norma ideológica y sectaria. Esta actitud vulnera la transparencia y debilita la seguridad jurídica.

El fraude en la ley trans constituye una consecuencia directa de una norma además de aberrante como tal, es que está mal diseñada.

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