Los tres investigados fueron detenidos a principios de este mes, en relación con la supuesta obtención de 700.000 euros en comisiones. La Fiscalía Anticorrupción apunta a que estas ganancias se habrían generado mediante la implicación de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI
Corrupción23 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso, vinculado como socio del exdirigente socialista Santos Cerdán. La decisión se enmarca en la investigación de una presunta trama de comisiones ilegales relacionadas con ayudas y contratos públicos.
La medida, inicialmente adoptada por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 bajo la guardia del juez Antonio Piña, fue posteriormente ratificada por el titular del Juzgado Número 5, Santiago Pedraz, tras el reparto formal del caso. Según fuentes judiciales consultadas, el bloqueo responde a la necesidad de asegurar posibles fondos obtenidos de manera ilícita.
Los tres investigados fueron detenidos a principios de este mes, en relación con la supuesta obtención de 700.000 euros en comisiones. La Fiscalía Anticorrupción apunta a que estas ganancias se habrían generado mediante la implicación de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en al menos cinco operaciones concretas, que abarcarían el periodo entre 2021 y 2023.
En la causa se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica a los implicados como miembros de un grupo autodenominado "Hirurok", presuntamente especializado en influir sobre expedientes administrativos para favorecer intereses propios o de terceros. Según las pesquisas, los investigados habrían utilizado sus relaciones y capacidad de influencia dentro de la Administración pública para obtener beneficios económicos de forma coordinada.
Entre las prácticas señaladas por los investigadores se encuentran la “contratación y facturación mendaz” a través de la mercantil Mediaciones Martínez, utilizada como canal para recibir las comisiones. El juzgado subraya que las operaciones habrían abarcado distintos puntos del territorio nacional y múltiples administraciones, con medidas específicas para garantizar la confidencialidad de las actuaciones y minimizar riesgos de detección.
Vicente Fernández, quien presidió la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, y Leire Díez, exmiembro del PSOE, se encuentran ahora bajo estrictas medidas cautelares. Los tres investigados tienen retirado el pasaporte, tienen prohibido salir del país y deben comparecer de manera quincenal ante la autoridad judicial. Estas medidas buscan prevenir cualquier intento de fuga y asegurar la integridad de la investigación.
El caso ha generado gran repercusión mediática por implicar a figuras vinculadas a la política y al sector empresarial, lo que evidencia la complejidad de los mecanismos de influencia dentro de las entidades públicas. Los detalles de la investigación sugieren que el grupo habría actuado de manera coordinada durante varios años, utilizando estructuras empresariales interpuestas para canalizar los pagos y dificultar el rastreo de los fondos.
Fuentes judiciales indican que la investigación continúa abierta y que podrían surgir nuevos implicados a medida que se profundicen las pesquisas sobre contratos y ayudas gestionadas por la SEPI y otras entidades públicas. La Fiscalía Anticorrupción y la UCO mantienen un seguimiento exhaustivo de las transacciones financieras y la correspondencia interna de las empresas vinculadas, buscando esclarecer el alcance total de la supuesta trama.
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Entre las irregularidades más relevantes detectadas figura que en el 66,67 % de los expedientes el informe de necesidad se emitió después de iniciarse la ejecución del contrato, en contra de lo establecido por la Ley de Contratos
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