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La opacidad del Ministerio de la comunista Yolanda Díaz vuelve a quedar en evidencia. El Ministerio de Trabajo admite que no sabe cuántos trabajadores han usado el permiso climático aprobado tras la dana.
Una medida estrella sin control ni datos oficiales
El Ministerio de Trabajo y Economía Social reconoce que carece de datos sobre el permiso retribuido por riesgo climático. El derecho entró en vigor el 30 de noviembre de 2024. Desde entonces, nadie controla su aplicación real.
La confesión aparece en un documento oficial de Transparencia al que accedió TO. El texto confirma que el Ministerio no recopila estadísticas sobre beneficiarios ni días disfrutados.
La solicitud se registró en noviembre de 2025. El ciudadano pidió cifras detalladas. Reclamó número de trabajadores, días usados y reparto mensual y provincial. Trabajo rechazó la petición por una razón inquietante. El Ministerio no tiene los datos.
La opacidad del Ministerio de Yolanda Díaz impide evaluar el alcance real de una reforma laboral que el Ejecutivo vendió como avance histórico. Sin cifras, no existe control. Sin control, no existe responsabilidad política.
Esta forma de gobernar define al actual Ejecutivo. Anuncia derechos. Aprueba decretos. Luego renuncia a medir su impacto real.
Propaganda climática y abandono de lo esencial
Yolanda Díaz defendió el permiso climático como herramienta clave ante fenómenos extremos. Sin embargo, su Ministerio no creó ningún sistema de seguimiento. El problema es que ellos saben que es una «chorrada». Ellos mismo no lo creen. Por eso la medida no funciona.
Mientras tanto, el Gobierno moviliza recursos millonarios. El Ejecutivo mantiene activos 240 millones de euros en avales ICO para autónomos y pymes afectados por la dana. También ofrece préstamos al 0% de interés.
El paquete incluye 300 millones de euros en préstamos bonificados del CDTI. Estas ayudas buscan financiar tecnología y maquinaria. El ICEX añade otra línea para internacionalización empresarial.
El contraste resulta evidente. El Gobierno controla hasta el último euro de subvención. Sin embargo, ignora cuántos trabajadores ejercen un derecho laboral básico.
La opacidad del Ministerio de Yolanda Díaz no responde a un fallo técnico. Responde a una forma de hacer política. Mucho titular. Poco rigor. Nula rendición de cuentas.
El Ministerio de Trabajo presume de proteger al trabajador. Sin datos, esa protección no existe. Sin verdad, no hay justicia social.
La opacidad de Yolanda Díaz daña la confianza pública. Los ciudadanos merecen saber cómo se aplican las leyes. Merecen gobiernos que midan resultados.
Exigir datos no es un capricho. Es un deber democrático. Callar ante esta opacidad equivale a aceptarla.
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