Impacto España Noticias
Pedro Sánchez ha aceptado ya 490.000 solicitudes de nacionalización de hijos y nietos del exilio conforme a la ley de Memoria Democrática. Una cifra que supera incluso los votantes que obtuvo Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en las últimas elecciones generales de julio de 2023, donde logró 466.020 papeletas (1,89%) y se convirtió en cuarta fuerza del hemiciclo, con 7 diputados.
Este dato actualizado lo facilitó este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dentro del balance de su gestión ministerial en el año 2025.
En concreto, Torres destacó la importancia de esta medida de la Ley de Memoria Democrática que permite a descendientes del exilio republicano solicitar la nacionalidad española.
«2,4 millones son las personas que han pedido cita desde Argentina, Chile, Venezuela o Cuba, entre otros muchos países, para convertirse en nuevos españoles», enfatizó.
En este contexto, el ministro precisó que hasta el momento han sido aceptadas 490.000 solicitudes y subrayó que hay 255.000 hijos y nietos del exilio que ya tienen el pasaporte en sus manos.
Esta cifra supone un incremento de 202.000 nacionalizaciones en el último año, o lo que es lo mismo, de un 70%, pues hasta finales de 2024 los consulados aprobaron 288.000 solicitudes, y 180.000 fueron inscritas en el Registro Civil, según los datos oficiales del Gobierno. Con respecto al ejercicio de 2023, el año pasado cerró también con un aumento de estas nacionalizaciones del 60%.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez está acelerando estas nacionalizaciones para pescar apoyos en el voto exterior, lo que podría condicionar el resultado de unos comicios a la vista del ritmo de este proceso.
La autodenominada Ley de Memoria Democrática, aprobada de la mano Bildu y que entró en vigor en octubre del 2022, facilita el acceso a la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles exiliados por la Guerra Civil y la dictadura o emigrantes por otras cuestiones. La nueva ley amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad, pudiendo optar a ella quienes hayan nacido fuera de España y tengan padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, pero que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española por haber «sufrido exilio».
También pueden optar los hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En tercer lugar, se contempla igualmente el caso de los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron la nacionalidad española, acogiéndose a la anterior Ley de Memoria Histórica.
La llamada Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero limitaba las nacionalizaciones a dos generaciones, pero la nueva ley la amplío a los bisnietos. Además, a diferencia de la norma de 2007, que limitó la concesión a los descendientes de exiliados hasta 1955, la ley de Sánchez y Bildu lo extiende hasta el 28 de diciembre de 1978.
El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Torres ofreció datos hasta el primer semestre del año para informar de que el país del que procede el mayor número de solicitudes es Argentina, a través de sus cinco consulados, con un 42% de las peticiones.
Por su parte, el Consulado General de España en Cuba recibió el 12,24%. El siguiente país con más peticiones fue Brasil, con el 10,97%; México, con el 9,71%; Chile, que acumuló el 5,04%; y Venezuela, con el 2,45% del total computado en el primer trimestre de 2025.
La Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática establece que «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil».
Para formalizar las solicitudes se marcó un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque se estableció una prórroga de un año, que finalizó el pasado 24 de octubre.
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