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El del presidente de la Comunidad autónoma vasca, Imanol Pradales vuelve a apretar a Sánchez para sacar partido a sus votos en el Congreso. Por eso, ultima la lista de nuevas transferencias para su próxima reunión con el presidente del Gobierno, tras el reciente traspaso de la gestión de las prestaciones por desempleo. El PNV eleva el tono y exige el cumplimiento íntegro de los acuerdos.
El Gobierno vasco reclama que no se repitan negociaciones de última hora ni se diluyan los acuerdos firmados, y advierte de que la paciencia se agota ante lo que califican como incumplimientos reiterados.
El último traspaso, permitirá al País Vasco asumir desde el 1 de enero de 2027 la gestión de las prestaciones por desempleo, convirtiéndose en la primera comunidad en administrar esta competencia. El movimiento implica la atención a 51.000 beneficiarios y un volumen económico anual de 822 millones de euros. Pero ahí no quieren que quede la cosa.
Ahora, Pradales prepara una lista que incluye una decena de materias más: la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, el control de los aeropuertos y los puertos de Bilbao y Pasajes, el régimen económico de la Seguridad Social, el Fogasa, los paradores de turismo, la expedición de títulos de circulación o el régimen electoral municipal.
El separatismo vasco recuerda que el calendario acordado con Sánchez en 2019 establecía que todas las transferencias debían completarse antes de finalizar 2025. “Nos lo deben, por ley, por referéndum y por derecho”, reiteró Pradales este viernes.
Uno de los frentes más sensibles es el de los aeropuertos. El presidente de AENA, Mauricio Lucena, ya ha advertido de que una cogestión con el País Vasco sería “nulo de pleno derecho”, mientras el lehendakari replica con un enigmático “tiempo al tiempo”, convencido de que la mayoría parlamentaria puede forzar un acuerdo.
En paralelo, el traspaso parcial de la Seguridad Social ya ha comenzado con la integración de las oficinas en el Servicio Vasco de Empleo. El siguiente paso del chantaje será la gestión del régimen económico y el pago de las pensiones, un paquete que supera los 1.000 millones de euros y con el que quieren seguir rentabilizando el apoyo parlamentario del PNV al Gobierno de Sánchez.
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