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En la sesión celebrada el 2 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad la contratación de 440 plazas de acogimiento residencial destinadas a menores migrantes no acompañados que se encuentren bajo tutela autonómica.
El Ejecutivo regional justifica esta medida explicando que "no dispone de los medios humanos y materiales necesarios y suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la actividad que se propone y, por ello, es necesario licitar la referida contratación".
Este contrato, que se extiende por dos años con posibilidad de prórroga por otros dos, tiene un coste estimado de 36,95 millones de euros con IVA incluido. Si se ejecuta la ampliación, el importe ascendería a 70,28 millones, permitiendo alcanzar un total de 690 plazas de acogida.
De las 440 plazas inicialmente previstas, aproximadamente la mitad estarán ubicadas en las provincias de Granada y Cádiz, distribuyéndose con 128 en Granada y 112 en Cádiz. Del total, el 63% (280 plazas) se destinarán a programas de inserción sociolaboral, mientras que las 160 plazas restantes se enfocarán en la recepción y atención inicial de los menores, según la documentación adjunta a la decisión.
Desde la Consejería explican que este servicio fue licitado anteriormente en 2021, cuando se ofertaron 645 plazas.
Recursos y costes del contrato
En la memoria justificativa, firmada por Francisco José Mora, director general de Infancia, Adolescencia y Juventud, se expone que esta contratación se orienta a la prestación del servicio de acogimiento residential para menores bajo tutela o guarda de la Junta de Andalucía. Esto se fundamenta en la delegación judicial o administrativa de la guarda, conforme a los artículos 172, 172 bis y 172 ter del Código Civil.
Además de estas 440 plazas, se han licitado 208 plazas más en centros de orientación social y laboral financiados con cargo al Fondo Social Europeo+, destinadas a menores migrantes que cumplen los requisitos para programas de adquisición de competencias sociolaborales. Sumando ambas licitaciones, se gestionarán 648 plazas.
El director general indica que próximamente se licitarán más plazas bajo un "nuevo modelo de cuidado y protección", con lo que la oferta total ascenderá a 690 plazas para menores migrantes.
El Ejecutivo andaluz argumenta que debido a la evolución de las rutas migratorias, que antes se concentraban en Cádiz y Granada y ahora también en Almería y Málaga, es necesario distribuir las plazas en estas zonas. Asimismo, se incluye a Sevilla como un punto clave por la llegada constante de menores migrantes, justificando así la ubicación de centros de recepción y acogida inicial en esas provincias.
El desglose del gasto total del contrato, de 36,94 millones de euros, incluye: 2,47 millones para Almería, 8,5 millones para Cádiz, 1,8 millones para Córdoba, 9,8 millones para Granada, 3,68 millones para Málaga y 7,29 millones para Sevilla, sumando un IVA de 2,27 millones.
La memoria firmada por Francisco José Mora detalla que el cálculo del precio se ha basado en los costes de personal, ajustados a lo recogido en el IV Convenio Colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores.
Además de los costes directos, la Junta considera gastos de alimentación, vestuario, calzado, gestión documental, atención sanitaria no cubierta por el sistema público, escolarización, formación, y actividades de ocio y tiempo libre. Entre los gastos indirectos, se incluye el alquiler de inmuebles.
En cuanto al procedimiento de contratación aplicado, la Consejería señala que se realizará mediante "procedimiento ordinario de máxima concurrencia". La modalidad seleccionada será el concierto social, destinada a la prestación de servicios sociales públicos a través de entidades financiadas, controladas y con acceso público.
Recurso constitucional ante el decreto ley
El 11 de junio, la Junta de Andalucía decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 2/2025, que establece medidas urgentes para proteger a la infancia y adolescencia en situaciones extraordinarias de contingencias migratorias. Este decreto, aprobado por el Gobierno central y vigente desde el 19 de marzo, regula el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias.
El Ejecutivo autonómico denunció que, aunque en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se acordó el traslado a la península de 574 menores procedentes de Canarias y Ceuta durante los años 2022, 2023 y 2024, el reparto establecido en el Decreto-ley carece de consenso unánime y otorga a la Administración estatal la decisión final sobre la asignación a las comunidades autónomas.
El decreto fija un criterio objetivo para afrontar la contingencia migratoria que establece que el 50% del número de plazas se asignará en función de la población de cada comunidad. Además, el Gobierno central puso a disposición un fondo de 100 millones de euros para colaborar en la atención de esta demanda adicional.
La Junta criticó los criterios del reparto por considerarlos "no equitativos", afectando al principio de solidaridad y a la suficiencia financiera. Asimismo, alegó que el Estado se extralimita en sus competencias, invadiendo las funciones autonómicas.
El recurso presentado se fundamenta en la presunta vulneración de varios artículos constitucionales: 81.1 y 86.1, por falta de presupuesto habilitante en el Real Decreto-ley; 138.1, 149.1 y 149.2, por extralimitación de competencias estatales; 2 y 138.1, relacionados con la autonomía y solidaridad; 156.1, sobre suficiencia financiera; y el 9.3, por vulneración de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos.
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