Cinco años después de las elecciones presidenciales de 2020, el debate sobre su integridad vuelve al primer plano político en Estados Unidos. Agentes del FBI se incautaron este miércoles de alrededor de 700 cajas con papeletas de voto en el condado de Fulton, el epicentro de las denuncias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles irregularidades en los comicios que dieron la victoria a Joe Biden.
La operación tuvo lugar a primera hora de la mañana en un edificio gubernamental del condado, situado en el área metropolitana de Atlanta. El despliegue fue amplio y se produjo sin aviso previo a las autoridades locales. Las cajas, cargadas en camiones y furgonetas federales, fueron retiradas de las instalaciones y trasladadas fuera del estado para su custodia y análisis.
La orden judicial autoriza la incautación no sólo de las papeletas físicas correspondientes a las elecciones generales de 2020, sino también de las imágenes escaneadas de esos votos, los registros de voto por correo, voto anticipado y voto presencial, los censos electorales y las cintas de las máquinas de recuento, que actúan como respaldo técnico de los resultados oficiales.
El condado de Fulton fue determinante para que el estado de Georgia cambiara de signo político y respaldara al candidato demócrata. Desde entonces, Trump ha sostenido que en ese territorio se produjeron irregularidades graves. Las autoridades locales y los tribunales rechazaron esas denuncias y durante años se insistió en que el proceso había sido impecable y que no existía nada que revisar.
Sin embargo, la incautación masiva de papeletas introduce un elemento nuevo de enorme relevancia política e institucional. Si las elecciones quedaron plenamente esclarecidas, surge una pregunta inevitable: por qué el propio Estado federal considera ahora necesario retirar cientos de cajas de votos físicos y someterlas a una investigación exhaustiva.
La base legal de la operación se apoya en una investigación por posibles violaciones de la legislación federal sobre la conservación de documentos electorales y por la eventual obtención consciente de registros o votos fraudulentos. La orden fue autorizada por una juez federal de primera instancia y ejecutada por una fiscalía que, de forma llamativa, no pertenece al estado de Georgia, un detalle que ha alimentado la inquietud entre las autoridades locales.
La redada se produce en un contexto político especialmente sensible. Estados Unidos se encamina hacia unas elecciones de medio mandato marcadas por el rediseño partidista de distritos, la batalla legal sobre el voto por correo y una creciente judicialización del sistema electoral.
Para el Partido Demócrata, la operación supone un «uso desmesurado» del poder federal que amenaza la confianza pública. Para el entorno de Trump, en cambio, confirma que las dudas sobre lo ocurrido en 2020 no eran una fantasía sin fundamento, sino una cuestión lo suficientemente seria como para justificar una intervención federal de gran escala años después.
La incautación no prueba por sí sola que existiera fraude electoral. Pero sí desmonta una afirmación repetida durante años con tono dogmático: que no había nada que investigar.
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