El crecimiento no se ha visto interrumpido ni siquiera durante los años más duros de la pandemia de COVID-19, lo que indica que se trata de una tendencia estructural y no de un repunte coyuntural
Nacional02 de febrero de 2026
Impacto España Noticias
España vive una transformación demográfica de gran calado que está alterando de forma acelerada la composición de su población. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, el número de residentes nacidos fuera de España ha crecido de manera sostenida hasta situarse cerca del 20 % del total de habitantes, una proporción inédita en la historia reciente del país.
Este incremento, reflejado en los registros oficiales, se ha producido de forma paralela a una profunda crisis de natalidad y a un envejecimiento progresivo de la población autóctona, convirtiendo a la inmigración en el principal motor del crecimiento demográfico. El fenómeno ha generado un intenso debate político y social sobre sus consecuencias económicas, territoriales y culturales, así como sobre la capacidad del Estado para absorber un cambio poblacional de esta magnitud.
Ocho años de crecimiento continuo bajo el mandato de Pedro Sánchez
Cuando Pedro Sánchez accedió al poder tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy, España contaba con entre 6 y 7 millones de residentes nacidos en el extranjero, lo que representaba aproximadamente el 13–14 % de la población total.
Desde entonces, y a lo largo de los distintos gobiernos encabezados por Sánchez —tanto en solitario como en coalición con Unidas Podemos primero y Sumar después—, la cifra ha aumentado de forma constante hasta superar los 9,4 millones de personas.
El crecimiento no se ha visto interrumpido ni siquiera durante los años más duros de la pandemia de COVID-19, lo que indica que se trata de una tendencia estructural y no de un repunte coyuntural. En la actualidad, casi uno de cada cinco residentes en España ha nacido fuera del país.
El papel del Ministerio de Inclusión y las políticas migratorias
Durante este periodo, el diseño y ejecución de la política migratoria ha recaído principalmente en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido primero por José Luis Escrivá y posteriormente por Elma Saiz.
Entre las medidas impulsadas destacan reformas del reglamento de extranjería, ampliaciones de figuras de arraigo, procesos de regularización administrativa y un enfoque orientado a facilitar la incorporación de inmigrantes al mercado laboral. Estas decisiones han sido defendidas por el Ejecutivo como necesarias para sostener el sistema productivo y el estado del bienestar.
Sin embargo, desde la oposición, partidos como Partido Popular y Vox, con dirigentes como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han denunciado lo que consideran una política de fronteras laxas y una falta de planificación en materia de integración.
Nacionalidad española frente a lugar de nacimiento
Uno de los aspectos clave del debate es la diferencia entre personas con nacionalidad extranjera y población nacida fuera de España. Aunque el porcentaje de residentes sin nacionalidad española ronda el 14–15 %, el de personas nacidas en el extranjero se aproxima al 20 %.
Esto se explica por el elevado número de inmigrantes que han adquirido la nacionalidad española durante los últimos años, especialmente procedentes de países latinoamericanos. Estas personas, aunque legalmente españolas, forman parte del cambio demográfico iniciado con la inmigración.
La distinción es relevante porque muchas cifras que circulan en el debate público no aclaran qué indicador se está utilizando, lo que contribuye a interpretaciones confusas o exageradas.
Inmigración como respuesta al colapso demográfico
España se enfrenta a una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea. Bajo los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, el número de nacimientos ha caído de forma persistente, pero el fenómeno se ha acentuado durante los últimos años.
Actualmente, el país registra más defunciones que nacimientos, lo que habría provocado una reducción clara de la población si no fuera por la inmigración. En este contexto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido la llegada de población extranjera como una necesidad económica y demográfica.
Sin embargo, expertos y administraciones locales advierten de que el crecimiento acelerado, si no va acompañado de inversiones en servicios públicos e infraestructuras, puede generar desequilibrios difíciles de corregir.
Impacto económico y laboral
La mayoría de los inmigrantes residentes en España se encuentran en edad de trabajar. Su incorporación ha sido clave para sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción, los cuidados y el transporte, donde existe un déficit crónico de mano de obra.
El aumento de cotizantes ha contribuido a sostener la Seguridad Social, especialmente en un momento en el que se jubilan las generaciones del “baby boom”. No obstante, también se han producido tensiones en el mercado laboral, especialmente en los tramos de salarios bajos y en regiones con alta concentración de población inmigrante.
El balance económico general es positivo en términos macroeconómicos, pero presenta efectos desiguales según territorio y sector.
Presión sobre vivienda, sanidad y educación
El crecimiento de la población nacida en el extranjero se ha concentrado principalmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, así como en zonas agrícolas y turísticas.
Esta concentración ha incrementado la presión sobre el mercado de la vivienda, uno de los principales problemas sociales durante los gobiernos de Sánchez, con precios del alquiler al alza y escasez de oferta. También ha tenido impacto en la sanidad y la educación públicas, especialmente en barrios y municipios con crecimiento rápido.
Alcaldes y gobiernos autonómicos, tanto del PSOE como del PP, han reclamado en repetidas ocasiones una mayor financiación para hacer frente a esta realidad.
Un debate político cada vez más polarizado
La inmigración se ha consolidado como uno de los grandes ejes del debate político nacional. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de una gestión “ordenada, legal y humanitaria”, la oposición acusa al Ejecutivo de utilizar la inmigración como herramienta ideológica y electoral.
Las declaraciones cruzadas entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal reflejan una creciente polarización, en la que los datos demográficos se convierten con frecuencia en arma arrojadiza.
¿Duplicación o crecimiento acelerado?
Desde un punto de vista estrictamente estadístico, la población nacida en el extranjero no se ha duplicado de forma literal desde 2018. Sin embargo, el aumento de varios millones de personas en menos de una década y el salto de más de seis puntos porcentuales sobre el total de la población constituyen uno de los cambios demográficos más intensos desde la Transición.
La percepción de duplicación responde, en gran medida, a la velocidad del crecimiento y a la comparación con décadas anteriores, cuando la inmigración tenía un peso mucho menor en la sociedad española.
Bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, España ha entrado definitivamente en una nueva etapa demográfica. La población nacida en el extranjero se ha convertido en un componente estructural del país y su peso seguirá aumentando en los próximos años.
El desafío ya no es si España será un país de inmigración, sino cómo gestionará esta realidad. Las decisiones que adopten el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de integración, vivienda, empleo y servicios públicos marcarán el rumbo social y político del país durante las próximas décadas.
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