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Un ingeniero de caminos ha alertado en Antena 3 del grave deterioro que presentan numerosas presas españolas como consecuencia de lo que califica de un nivel de mantenimiento “claramente insuficiente”, una situación que, a su juicio, supone un riesgo real para la seguridad de las personas que viven aguas abajo de estas infraestructuras.
Durante su intervención, el experto denunció que la inversión anual destinada al mantenimiento de las presas estatales está muy por debajo de lo necesario. Según explicó, lo razonable sería destinar entre 400 y 500 millones de euros al año, pero en 2023 la cifra oficialmente declarada fue de apenas 16 millones. Añadió que, aunque desde la Administración se habla de importes cercanos a los 100 millones, no está claro si esa cantidad corresponde a un ejercicio completo o a varios años, y en cualquier caso la considera insuficiente.
El ingeniero advirtió de que esta falta de inversión compromete directamente la seguridad hidrológica de muchas presas. Señaló que los ingenieros encargados de su supervisión «hacen lo que pueden» con los medios disponibles, tratando de mantener los embalses en cotas lo más seguras posible. Sin embargo, recordó que para controlar adecuadamente el nivel del agua es imprescindible que funcionen los desagües de fondo, algo que no ocurre en numerosos casos.
Según los datos que expuso, 143 presas de titularidad estatal tienen comprometida su seguridad hidrológica, mientras que en unas 150 los desagües de fondo están inoperativos o presentan un funcionamiento dudoso. A ello se suman otras 150 infraestructuras con problemas estructurales, lo que implica que no se cumplen los coeficientes de seguridad con los que fueron diseñadas.
El experto subrayó que el problema se agrava en un contexto de episodios meteorológicos cada vez más extremos. Sin negar la realidad del cambio climático, insistió en que la respuesta debería pasar por una adaptación basada en el refuerzo del mantenimiento, para evitar “un disgusto grande” en el futuro. Recordó que el principal riesgo es el desbordamiento, un escenario que puede tener consecuencias devastadoras.
En este sentido, apuntó directamente a la Dirección General del Agua, organismo que actúa como garante de la seguridad de las presas y que, al mismo tiempo, es propietario de unas 375 infraestructuras que, según sus palabras, se encuentran en una situación «precaria». A su juicio, la falta de recursos económicos asignados por el ministerio competente impide abordar las actuaciones necesarias.
El ingeniero evocó episodios del pasado que muestran el alcance de este tipo de riesgos, como la rotura de la presa de Tous, y citó también situaciones más recientes en las que se estuvo cerca de un desenlace similar. Entre ellas mencionó el caso de la presa de Forata, que carecía de un plan de emergencia implantado, presentaba fallos en los desagües y arrastraba problemas estructurales, lo que habría dificultado cualquier aviso a la población en caso de incidente.
«Es muy preocupante», insistió, especialmente si se tiene en cuenta a todas las personas que viven aguas abajo de estas presas. En su opinión, sin un aumento sustancial y sostenido del gasto en mantenimiento, el riesgo seguirá creciendo y la seguridad de estas infraestructuras continuará dependiendo más de la suerte y de la meteorología que de una gestión preventiva adecuada.
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