España agrava su nivel de corrupción y Transparencia Internacional la sitúa peor que Arabia Saudí, Ruanda o Botsuana

La degradación institucional que atraviesa España no es accidental ni fruto del azar. Tiene responsables políticos concretos, decisiones identificables y una estrategia de poder clara. En el centro de ese proceso se encuentra Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno, cuya permanencia en el cargo se ha sostenido a costa del debilitamiento de los controles democráticos, la opacidad en la gestión pública y la normalización de prácticas que erosionan la confianza ciudadana.

Lejos de la regeneración prometida en 2018, el sanchismo ha consolidado un modelo de gobierno donde el poder se blinda, las responsabilidades se diluyen y la corrupción —en su dimensión política, institucional y ética— deja de ser una anomalía para convertirse en parte del paisaje.

 El discurso regenerador que quedó en propaganda
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras una moción de censura construida precisamente sobre la denuncia de la corrupción. Aquella bandera moral, sin embargo, se ha revelado como un recurso retórico vacío. Una vez en el poder, el presidente no solo abandonó cualquier impulso regenerador real, sino que replicó —y en algunos aspectos agravó— los vicios que decía combatir.

El contraste entre el discurso y la práctica es evidente. Mientras se invoca constantemente la “democracia” y el “progreso”, el Gobierno ha tolerado, encubierto o minimizado escándalos que afectan directamente a su entorno político, a su partido y a la propia estructura del Estado.

 El caso del PSOE y la corrupción estructural no asumida
El Partido Socialista Obrero Español, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, ha sido incapaz —o directamente reacio— a asumir responsabilidades políticas por los múltiples episodios que afectan a cargos socialistas en distintos niveles de la administración. La respuesta ha sido casi siempre la misma: silencio, victimismo o ataque al mensajero.

Figuras como José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, no fueron anomalías marginales, sino piezas centrales del proyecto político de Sánchez durante años. Su ascenso, su poder y su posterior caída revelan un problema más profundo: la ausencia de controles internos reales y la tolerancia hacia comportamientos incompatibles con la ética pública mientras resultan útiles al líder.

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Nada de lo ocurrido puede entenderse como un “error individual” aislado cuando quienes hoy son señalados fueron ayer pilares fundamentales del sanchismo.

 Begoña Gómez y la confusión entre lo público y lo privado
Uno de los elementos más corrosivos del actual mandato es la progresiva confusión entre las esferas pública y privada. El papel de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha generado una polémica legítima sobre conflictos de interés, uso de influencia y acceso privilegiado a recursos y plataformas institucionales.

La cuestión no es personal, sino política: cuando el entorno familiar del presidente se mueve en espacios directamente relacionados con el poder público, la obligación de transparencia debería ser máxima. Sin embargo, la reacción del Gobierno ha sido defensiva, opaca y basada en la descalificación, no en la aclaración.

En una democracia madura, este tipo de situaciones exigirían explicaciones exhaustivas. Bajo Pedro Sánchez, se opta por el cierre de filas y el ataque preventivo a cualquier cuestionamiento.

 El control de las instituciones como estrategia de poder
Otro de los rasgos definitorios del sanchismo es la presión constante sobre las instituciones que deberían actuar como contrapesos. Desde el bloqueo en la renovación de órganos clave hasta la colonización partidista de espacios que deberían ser neutrales, el mensaje es claro: quien no se alinea con el Gobierno es un estorbo.

Pedro Sánchez ha gobernado con una concepción patrimonial del Estado, utilizando las instituciones como herramientas de resistencia política, no como garantes del interés general. Esta deriva no solo daña la imagen de España en el exterior, sino que vacía de contenido la propia democracia.

No se trata de una ruptura legal abrupta, sino de una erosión progresiva, mucho más peligrosa porque se disfraza de normalidad.

 El deterioro internacional como reflejo interno
La caída de España en los índices internacionales de percepción de la corrupción no es una conspiración ni una campaña mediática. Es el reflejo de un país donde:

La rendición de cuentas es débil.
Las responsabilidades políticas brillan por su ausencia.
El poder ejecutivo actúa sin controles efectivos.
La corrupción se relativiza si beneficia al bloque gubernamental.

Que España aparezca peor valorada que países con estándares democráticos inferiores no es motivo de orgullo ni de excusas técnicas: es una señal de alarma sobre el rumbo institucional del país bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

Nuestro país se sitúa en la posición 49 de 182 del ranking global con 55 puntos, frente a los 62 que registraba hace seis años. Así, su nivel de percepción de la corrupción es mayor que el de países como Granada, Ruanda, Botsuana, Arabia Saudí o Israel, aunque menor que el de Italia (53 puntos).

En la mayoría de los Estados miembros de la UE se aprecia un descenso general de la puntuación, reflejando "un preocupante estado de estancamiento" en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción y una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas. 

 Un presidente que ha dañado la democracia
Pedro Sánchez no será recordado como un reformista ni como un regenerador. Su legado apunta a un presidente dispuesto a sacrificar la calidad democrática, la transparencia y la ética pública con tal de mantenerse en el poder.

La corrupción no es solo robar dinero público. También es:

Usar el poder sin control.
Proteger a los propios.
Desprestigiar a quien pregunta.
Normalizar lo inaceptable.
Eso es lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Y tiene un nombre y un responsable político claro.

Mientras Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno, la degradación institucional continuará. Y con ella, el desapego ciudadano, la desconfianza y el descrédito internacional de un país que merece algo mejor que un poder que solo se rinde cuentas a sí mismo.

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