El denunciante vincula esta supuesta protección con la investigación judicial sobre un presunto fraude en el voto por correo durante las elecciones municipales de 2019
Investigacion Judicial14 de febrero de 2026 G.I
La trama de corrupción y favores políticos en el municipio sevillano de Albaida del Aljarafe ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras la denuncia presentada por un joven que asegura sentirse desprotegido ante la presencia laboral de su presunto agresor en el entorno cercano a su domicilio.
Según la documentación aportada, el hombre condenado en el pasado por abusos sexuales trabaja actualmente en el servicio municipal de ayuda a domicilio, lo que, a juicio del denunciante, vulneraría la orden judicial de alejamiento fijada tras la sentencia.
El afectado, que ha decidido hacer pública su situación tras alcanzar la mayoría de edad, afirma que el extrabajador de Correos desempeña tareas que implican desplazarse por viviendas ubicadas a menos de 300 metros de su residencia. Esta circunstancia habría provocado episodios de ansiedad acreditados mediante un informe médico incluido en la denuncia presentada ante la Policía, donde sostiene que el ayuntamiento está permitiendo que se incumpla la restricción impuesta por los tribunales.
La controversia se agrava por una grabación que, según la versión del denunciante, recoge una conversación con personal del área de Servicios Sociales municipal. En ese audio, al que habría tenido acceso un medio de comunicación, se escucharía a una educadora social recomendándole que no denunciara el quebrantamiento de la orden de alejamiento. El joven interpreta estas actuaciones como un intento de frenar acciones legales y sostiene que existe una red de protección institucional hacia el condenado.
La trayectoria laboral del ex cartero tras su salida de prisión ha sido otro de los focos de crítica. En julio de 2025 fue contratado como peón municipal para labores de mantenimiento en un colegio público, una decisión que generó rechazo entre algunos vecinos por los antecedentes del trabajador. Tras finalizar ese contrato, el consistorio decidió asignarle funciones en el área de asistencia domiciliaria, lo que le proporciona movilidad por distintas zonas del municipio.
El denunciante vincula esta supuesta protección con la investigación judicial sobre un presunto fraude en el voto por correo durante las elecciones municipales de 2019.
Según fuentes del sumario citadas por diversos medios, la Guardia Civil habría detectado anomalías significativas en el número de votos emitidos por esta vía en Albaida del Aljarafe, llegando a cuadruplicar la media nacional. Testimonios recogidos en la causa señalan posibles irregularidades en la gestión de los envíos postales y la existencia de presiones relacionadas con contratos laborales.
Mientras tanto, el joven insiste en que la situación actual supone una revictimización constante, al ver cómo la persona condenada por los hechos puede desarrollar su trabajo en un radio cercano a su vivienda. Por el momento, el Ayuntamiento no ha ofrecido una respuesta pública detallada sobre las acusaciones, que siguen pendientes de clarificación en sede judicial.
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