Impacto España Noticias
Los beneficiarios de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de España podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) una vez cumplan doce meses de residencia legal continuada en el país, siempre que reúnan el resto de requisitos exigidos por la normativa vigente.
Así lo confirman fuentes del ámbito social y administrativo, que recuerdan que la prestación está ligada a la situación legal y a la acreditación de vulnerabilidad económica, no a la condición de haber sido regularizado por una vía u otra.
La posibilidad de solicitar el IMV se activa, por tanto, transcurrido el primer año desde la obtención de los papeles. A partir de ese momento, los interesados deben demostrar carencia de rentas, empadronamiento efectivo y convivencia estable, además de cumplir los umbrales de ingresos y patrimonio establecidos. El diseño de la ayuda no contempla accesos automáticos: cada expediente se evalúa de forma individual, con controles cruzados y verificación documental.
Desde el Ejecutivo se subraya que la regularización busca aflorar situaciones administrativas irregulares, facilitar la incorporación al mercado laboral y reforzar la cotización al sistema.
En ese marco, el IMV se presenta como una red de protección de último recurso, destinada a hogares que, aun con residencia legal, no alcanzan ingresos mínimos suficientes. La Administración insiste en que no hay cambios en las reglas del IMV por efecto de la regularización: se aplican los mismos criterios que al resto de solicitantes.
La medida ha reavivado el debate político sobre el impacto presupuestario y social de la regularización y el alcance de las prestaciones públicas. Mientras el Gobierno defiende que la exigencia del año de residencia legal y la evaluación económica evitan abusos, voces críticas advierten de una mayor presión sobre los servicios sociales si el volumen de regularizados es elevado y la inserción laboral no avanza al ritmo previsto.
En cualquier caso, el calendario es claro: regularización, doce meses de residencia legal y, solo entonces, posible solicitud del IMV, sujeta a los mismos filtros y comprobaciones que rigen para el conjunto de la población. El resultado dependerá, como en el resto de casos, de la situación real de ingresos del hogar y de la capacidad del sistema para absorber nuevas demandas sin desvirtuar el carácter asistencial de la prestación.
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