La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga la implicación de un alto cargo de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero en el caso Begoña y en la ‘operación Leire’. Se trata de la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz, nombrada por el Consejo de Ministros a propuesta de Montero en junio del año 2021.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es un órgano administrativo especializado, encargado de resolver los recursos especiales en materia de contratación pública. Su ámbito principal es el sector público estatal, aunque también puede asumir competencias de comunidades autónomas o entidades locales que firmen convenios con él para delegar la resolución de estos recursos.
El sindicato Manos Limpias, cuya denuncia originó la investigación del caso de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, remitió un escrito al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Esta acusación popular ponía en el foco a la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz, en el marco del caso Begoña Gómez por adjudicar contratos al empresario Juan Carlos Barrabés:
"En un principio, el 3 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, T.A.C.R.C., suspendió la adjudicación a los lotes 1 y 3 del Expediente 014/20 a la UTE INNOVA NEXT Y THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL".
"¿Qué es lo que se mueve a partir de este momento para que dos meses después de la resolución anterior, el T.A.C.R.C. levante la suspensión de la adjudicación de ambos lotes y admita la adjudicación a la UTE que había incumplido lo exigido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones técnicas?" se preguntaba la acusación popular.
"En fecha 5 de noviembre de 2021, el T.A.C.R.C. va a inadmitir el recurso de NT FOR LEARNING y a levantar la suspensión de adjudicación de los Lotes 1 y 3 y del resto de contratos donde se exigía el Plan de Igualdad", apuntaba.
"Esta parte tiene fundamentados motivos para creer que el T.A.C.R.C. ha podido ser presionado desde alguna instancia para resolver sendas irregulares adjudicaciones a favor de la UTE de Barrabés, ya que hemos conocido como en otros contratos, que fueron recurridos por existir en los pliegos cláusulas donde se exigía irregularmente alguna condición especial de ejecución, el citado Tribunal ACORDÓ eliminar de los pliegos esas cláusulas y retrotraerse al principio de la licitación", concluía.
Por otro lado, tal y como desveló este diario, la ‘operación Leire’ salpica también a la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga en esta causa a la fontanera del PSOE, Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández y el supuesto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso.
Los tres fueron arrestados en diciembre en el marco de esta trama de corrupción relacionada con contratos públicos, principalmente de la SEPI, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La UCO ha localizado comunicaciones y expedientes que demuestran cómo la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nombrada por María Jesús Montero tomaba decisiones al dictado del expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
Precisamente, Fernández fue la mano derecha de Montero durante años. La investigación de la ‘operación Leire’ continúa bajo secreto de sumario y no está ni mucho menos cerrada. No se pueden descartar nuevas imputaciones en las próximas fechas, ni que se abran nuevas líneas de investigación.
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