Pedro Sánchez exige más impuestos para sostener “pensiones, carreteras, educación o sanidad”, pero oculta el despilfarro en ayuda exterior de muchos millones de euros en proyectos claramente ideológicos fuera de Europa. ¿Quién paga esa factura?
Las familias españolas. ¿Cómo lo hace? A través de subvenciones sin contraprestación. ¿Por qué? Por una agenda ideológica que prioriza intereses globales antes que el bienestar nacional.
El despilfarro en la ayuda exterior de Sánchez se consolida como otro síntoma de un Estado que pierde el rumbo. Mientras hospitales sufren carencias, las carreteras y las vías ferroviarias están sin mantenimiento y la presión fiscal asfixia a autónomos y trabajadores, el Ejecutivo financia proyectos ideológicos en terceros países.
Despilfarro ayuda exterior Sánchez: cifras y destino
El Gobierno distribuye millones de euros en organismos extranjeros. El Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) confirma que en 2025 España supera los 70 millones de euros en ayudas fuera de Europa. Esa cifra representa el mínimo confirmado pero son muchísimos más los millones de euros despilfarrados.
En 2024, el “Listado de grandes beneficiarios” registró más de 455 millones de euros. La actualización de 2025 todavía no se ha publicado. Todo indica que el monto final igualará o superará esa cifra.
El Ejecutivo destinó en 2025:
En definitiva, el Gobierno financia desde pueblos indígenas hasta colectivos LGBTIQ+ en Ecuador. También impulsa programas ideológicos bajo el paraguas de democracia o cambio climático. Mientras tanto, miles de españoles esperan mejoras reales en sanidad, servicios y educación.
España siempre ha mostrado vocación solidaria. Sin embargo, la solidaridad empieza por casa. Ningún Gobierno responsable descuida los servicios esenciales mientras envía millones sin retorno directo en una agenda, además, claramente ideológica.
El Ejecutivo regala una importante cantidad de dinero a organismos e instituciones públicas extranjeras en lugar de priorizar bajadas de impuestos o mejoras estructurales. Muchos ciudadanos constatan hospitales saturados, carreteras deterioradas y colegios con recursos limitados. La presión fiscal no deja margen a las familias.
El Gobierno insiste en que los impuestos sostienen el Estado del bienestar. No menciona que parte relevante de esos recursos termina en proyectos ajenos a las necesidades inmediatas de los españoles. La política exterior debe servir al interés nacional. No puede convertirse en instrumento de propaganda ideológica.
España no necesita más impuestos, necesita prioridades claras que solucionen problemas esenciales
Quien gobierna tiene la obligación moral de proteger a su pueblo antes que financiar agendas globales. La libertad económica comienza cuando el Estado deja de malgastar lo que no le pertenece. O España recupera el sentido común en el gasto público, o seguirá avanzando hacia un modelo donde el ciudadano paga y el poder decide sin rendir cuentas, esto es, hacia un Estado fallido.
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