Impacto España NoticiasEl PP, Vox y Junts han juntado sus votos en el Pleno del Congreso para tumbar dos decretos leyes del Gobierno, uno que incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable y otro para limitar el precio de productos y servicios en situaciones de emergencia.
Como todo decreto ley, esas normas estaban en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, pero tenían que ser remitidas al Congreso en un plazo de treinta días para su convalidación o derogación. En sendos casos UPN se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado a favor de las normas, pero finalmente se han derogado con los 177 votos que conforman PP, Vox y Junts.
Además de la moratoria antidesahucios, el decreto del escudo social también actualizaba las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, ampliaba los descuentos en el bono social eléctrico y fijaba exenciones fiscales a las ayudas para los afectados por los incendios del verano pasado y la dana.
Por su parte, el decreto del Ministerio de Consumo daba al Gobierno la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando se declare una situación de emergencia, como la ocurrida con los temporales en Andalucía, fijando que el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este en los treinta días naturales anteriores al comienzo de esta situación.
Tras la derrota, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado en sus redes sociales contra PP, Vox y Junts por haber votado en contra de sendos decretos y las ha tachado de "irresponsables" con la clase trabajadora y "protectores" con los privilegiados.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha cargado en los pasillos del Congreso contra PP y Vox, que no contra Junts, por votar "una vez más contra los intereses de la ciudadanía española". "Hoy han votado para echar a las familias más vulnerables a la calle sin que tengan una alternativa habitacional llamándoles 'okupas', al mismo tiempo que el PP se reparte las viviendas de protección pública en Alicante con sus amiguetes", ha denunciado el ministro en referencia al escándalo de viviendas protegidas que se adjudicaron 'populares' del consistorio alicantino.
A renglón seguido, Bustinduy ha reprochado el voto en contra del decreto de su departamento para topar los precios en situaciones de crisis, alegando que recientemente con los temporales de Grazalema o en la tragedia de Adamuz (Córdoba) las multinacionales extranjeras inflaron los precios de algunos productos y servicios, como los billetes de avión, "por cuatro y por cinco".
En este sentido, el ministro ha deseado que no se produzcan situaciones similares en el futuro, pero ha avisado que si ocurren y las empresas aprovechan la necesidad y la vulnerabilidad de la gente para inflar los precios será "gracias al PP y a Vox". "Llevará su firma y su apellido. Es una vergüenza lo que hacen", ha apostillado Bustinduy.
Pese a la derrota, el ministro ha dicho que el Gobierno no va a parar de trabajar para impedir que los consumidores "estén indefensos ante abusos flagrantes".
Además, durante el pleno del Congreso se han convalidado, con el único rechazo de Vox, el decreto ley que revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.
El decreto ha sido aprobado con los votos a favor de toda la Cámara, salvo Vox, y será tramitado como proyecto de ley, después de que el Gobierno volviera a traerlo a las Cortes de forma separada del decreto que incluye el escudo social.
Esta separación en dos decretos distintos se produjo después de que PP, Vox y Junts rechazaran en enero un decreto "ómnibus" que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-, con el argumento de que la moratoria de los desahucios supone proteger la 'okupación'.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la revalorización porque es "una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema" y necesaria para los cerca de 13 de millones de pensiones y prestaciones.
"La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y un compromiso del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social", ha dicho Saiz, quien ha apelado también a los jóvenes.
"Esto también va de fortalecer el sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren la misma protección que hoy existe", ha añadido.
La norma incluye además la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, así como la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta.
También la cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación y la prórroga para que médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión.
El decreto ley contempla asimismo la ampliación en diez años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social, así como la actualización de la cotización por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
También ha recibido el 'sí' el decreto para dar ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
En el caso de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, todo el hemiciclo ha votado a favor, salvo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha equivocado y ha votado en contra. El decreto incluye ayudas que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de la categoría de daños sufridos.
En lo que respecta a la revalorización de las pensiones, sólo Vox ha votado en contra del texto, que contempla que las pensiones contributivas y de clases pasivas suben este año un 2,7% y las pensiones mínimas, más de un 7%.
No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentan un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.
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