Desarticulada una red que falsificaba documentos para regularizar inmigrantes en España

La Policía Nacional (España) ha desmantelado una organización criminal dedicada a facilitar documentación falsa a ciudadanos extranjeros en situación irregular con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España. La investigación ha culminado con 61 personas detenidas, de nacionalidad española, argelina y marroquí.

La operación policial, denominada Operación Domus, permitió descubrir una estructura organizada que habría ayudado a más de 5.000 inmigrantes a tramitar expedientes de residencia mediante documentación manipulada o directamente falsificada.

La trama tenía su principal base de operaciones en Zaragoza, aunque también se realizaron detenciones en Barcelona, Huesca y Teruel. Del total de arrestados, 18 están considerados miembros de la organización, mientras que el resto corresponde a personas vinculadas a la red de clientes o colaboradores.

Cómo funcionaba la organización

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron un incremento significativo en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal presentadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular. Al revisar la documentación aportada en esos expedientes, se observaron numerosas irregularidades que hicieron sospechar de la existencia de una red organizada dedicada a falsificar documentos.

Las pesquisas revelaron que el grupo captaba a inmigrantes que ya se encontraban en España y les ofrecía gestionar todo el proceso administrativo necesario para intentar regularizar su situación. Para ello, elaboraban o conseguían documentos que aparentaban cumplir los requisitos exigidos por la normativa.

Entre los métodos utilizados figuraban empadronamientos fraudulentos, contratos laborales ficticios y documentación que simulaba la existencia de ingresos o actividad laboral en España.

Empadronamientos falsos y método “lookalike”

Para conseguir empadronamientos irregulares se empleaban diversas técnicas. En algunos casos se utilizaban documentos de identidad falsificados o autorizaciones manipuladas de propietarios de viviendas.

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También se recurría al conocido método “lookalike”, que consiste en que una persona con rasgos físicos similares al titular de un documento se presenta ante la administración para realizar el trámite en su nombre, evitando así la presencia real del interesado en el municipio o incluso en el país.

Además, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación personal, incluidos pasaportes, recibiendo pagos adicionales por este servicio.

Empresas pantalla y contratos de trabajo ficticios

Los investigadores también detectaron el uso de empresas pantalla que servían para justificar supuestos ingresos o relaciones laborales. A través de estas sociedades se formalizaban contratos de trabajo inexistentes y se realizaban altas en la Seguridad Social que se anulaban pocos días después.

El único objetivo era aportar documentos aparentemente válidos para respaldar las solicitudes de residencia presentadas por los clientes de la red.

Tarifas de hasta 10.000 euros

Los precios por estos servicios variaban según el tipo de trámite solicitado. La obtención de un empadronamiento fraudulento podía costar entre 600 y 900 euros, mientras que los contratos de trabajo ficticios llegaban a alcanzar cifras de entre 3.000 y 10.000 euros. Por su parte, el transporte de migrantes y la entrega de documentación asociada se cobraba alrededor de 500 euros.

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Colaboración institucional en la investigación

La operación contó también con la participación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (España), así como con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.

La cooperación entre las distintas instituciones permitió agilizar la recopilación de información, localizar a los implicados y reunir las pruebas necesarias para desarticular completamente la estructura criminal.

Las autoridades continúan analizando la documentación intervenida durante la operación para determinar el alcance total de la actividad de la organización y el número definitivo de expedientes que pudieron tramitarse mediante procedimientos fraudulentos.

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