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El Gobierno de Giorgia Meloni ha prometido seguir adelante con su plan para trasladar a Albania a parte de los inmigrantes ilegales interceptados en el Mediterráneo y estudia nuevas medidas para blindarlo después de que varias decisiones judiciales hayan bloqueado actuaciones vinculadas a ese sistema, uno de los pilares de su política para frenar la inmigración masiva.
Durante años, el procedimiento tras la llegada de embarcaciones al sur de Italia ha sido siempre el mismo: desembarco en territorio italiano, apertura de expediente de asilo y tramitación dentro de la Unión Europea. El Ejecutivo italiano pretende romper ese esquema.
El acuerdo firmado en 2023 entre Italia y Albania prevé la creación de centros bajo jurisdicción italiana en territorio albanés donde podrían trasladarse determinados inmigrantes interceptados en el mar mientras se examinan sus solicitudes de protección internacional.
La lógica del plan es sencilla: si el procedimiento de asilo se desarrolla fuera del territorio comunitario, el simple hecho de alcanzar suelo europeo deja de garantizar automáticamente el acceso al sistema europeo de protección internacional. Para Roma, ese cambio podría reducir el incentivo que alimenta las rutas migratorias del Mediterráneo central.
Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días han frenado algunas actuaciones vinculadas al sistema, lo que ha reabierto el debate político en Italia. Meloni ha criticado esas decisiones y ha acusado a sectores de la magistratura de obstaculizar una política migratoria respaldada por los votantes.
Lejos de dar marcha atrás, el Gobierno italiano estudia ahora cómo reforzar el modelo y evitar nuevos bloqueos judiciales. Desde Roma se insiste en que el sistema albanés forma parte de una estrategia más amplia para proteger las fronteras y reducir las llegadas ilegales a Europa.
El experimento italiano se observa con atención en otras capitales europeas. En un momento en que la presión migratoria vuelve a situarse en el centro del debate político del continente, varios gobiernos siguen de cerca el desarrollo del plan impulsado por Meloni, que podría convertirse en un precedente para replantear el funcionamiento del sistema de asilo de la Unión Europea.
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