Impacto España Noticias
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha otorgado a Quirón Salud el servicio de los análisis médicos de los funcionarios que trabajan en su Ministerio. Un contrato realizado por valor de 63.252 euros y que ha sido adjudicado el pasado 6 de marzo de este año.
Una decisión que choca con la «guerra abierta» que ha mantenido siempre Mónica García contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión sanitaria del PP en la región, acusándolos de «parasitar» la sanidad pública y buscar el «lucro económico mediante la privatización».
Entre los servicios que ofrece Quirón al Ministerio de Sanidad, según puede leerse en el contrato, destaca el reconocimiento general programado y no programado de los funcionarios, reconocimiento ginecológico y urológico, sesiones informativas y vigilancia colectiva de la salud.
Esta doble vara de medir de Mónica García ha quedado evidenciada en numerosas ocasiones, ya que no es la primera vez que contrata con Quirón servicios sanitarios después de criticar a Ayuso por exactamente lo mismo.
En noviembre de 2025, este mismo periódico dio a conocer que el Ministerio de Sanidad preparaba un nuevo contrato para contar con sanidad privada para realizar mamografías para empleadas de su cartera, mientras alaba los cribados de la pública y critica a la privada en sus actos institucionales. La última empresa que prestó este servicio, firmado un mes antes de la llegada de la dirigente de Más Madrid y ejecutado durante su mandato, fue la empresa Quirón Prevención.
El contrato decía que la cartera de Mónica García ofrecería a las mujeres que formen parte de la plantilla un «protocolo de reconocimiento ginecológico» a través de sanidad privada. La empresa adjudicataria tendrá que realizar una «exploración mamaria» a las trabajadoras, además de una «ecografía mamaria», entre otras pruebas, como una «encuesta protocolizada» o una «historia clínica ginecológica».
Por otro lado, en Melilla, ante la crisis sanitaria que sufre esta ciudad junto con Ceuta (únicas dos ciudades autónomas dependientes únicamente del Ministerio de Sanidad), la líder de Más Madrid decidió, externalizar ciertos servicios. Esto quiere decir que, en Melilla, algunos servicios como el Teleictus han estado gestionados por Quirón, pero al caducar el contrato, Mónica García se lo otorgó a Vithas, que no deja de ser otro de los principales grupos hospitalarios privados de España.
Con los datos en la mesa, en Ceuta y Melilla, únicos territorios sobre los que el departamento que dirige la doctora García tiene gestión directa, están alcanzando unas cotas de privatización cercanas al 40%.
Solamente en el Hospital Comarcal de Melilla, cerrado desde el martes 16 de diciembre tras trasladarse al Hospital Universitario, la contratación de pruebas realizadas por medios externos entre enero de 2023 y abril de 2024 ascendió a 1,5 millones de euros.
Por su parte, los socialistas, que también han sido muy duros con la gestión de Ayuso en la sanidad pública y han criticado igualmente la contratación de empresas privadas para ciertos servicios en la pública, han hecho también exactamente lo mismo.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, daba este año también a Quirón un contrato para la realización de una prueba de aptitud médica a los aspirantes de los procesos selectivos para ingreso en los distintos cuerpos de vigilancia aduanera.
El contrato, tramitado por la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, fue formalizado el 10 de febrero. Este convenio alcanzó los 19.520 euros.
Curiosamente, la formalización del contrato coincidió con la misma jornada en la que el Ejecutivo aprobaba el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por la líder de Más Madrid.
Es decir, mientras Mónica García defendía en rueda de prensa que la nueva norma “pondrá coto” a los modelos privatizadores y blindará el sistema público “de las garras especuladoras”, el Ministerio de Hacienda cerraba la adjudicación. Otro sinsentido más, tal y como han denunciado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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