Impacto España Noticias
El Gobierno de España recibió más de 30 millones de euros en la cuenta abierta para canalizar las donaciones destinadas a los afectados por la riada que golpeó Valencia el 29 de octubre de 2024. Sin embargo, más de un año después, sigue sin conocerse con claridad cuál ha sido el destino final de esos fondos.
Según avanza TO, la cuenta, habilitada en noviembre de 2024 tras la aprobación del Real Decreto-ley 7/2024, fue diseñada para centralizar las aportaciones ciudadanas de forma directa a través del Estado. El objetivo era facilitar donaciones «rápidas, sencillas y seguras», además de permitir a los contribuyentes beneficiarse de posibles deducciones fiscales incluyendo su identificación en la transferencia.
Según la información proporcionada por el Ministerio de Economía a través del Portal de Transparencia, el importe total acumulado hasta marzo de 2026 asciende a 30.059.766,60 euros. La mayor parte de esa cantidad procede de organizaciones, que aportaron más de 30 millones, mientras que las contribuciones de particulares (31.370,76 euros) y empresas (6.153,25 euros) representan una fracción mínima del total.
Pese a la magnitud de los fondos recaudados, la Administración no ha detallado cómo se han utilizado. El Tesoro Público, según explica el propio ministerio, se limita a transferir el dinero a la cuenta operativa del Estado en el Banco de España, donde se certifican y clasifican los ingresos. No obstante, este organismo asegura que no dispone de información desglosada sobre los donantes ni sobre el uso específico de las cantidades recaudadas.
De hecho, Economía reconoce que no cuenta con datos sobre las mayores aportaciones individuales ni sobre la identidad o cuantía exacta de las donaciones realizadas por empresas y entidades, al no existir un registro con ese nivel de detalle.
La falta de transparencia ha generado críticas. En octubre, la vicepresidenta primera de la Generalidad Valenciana, Susana Camarero, reclamó explicaciones al Ejecutivo central, denunciando que «nadie sabe qué ha pasado» con el dinero recaudado para los damnificados.
En paralelo, un ciudadano solicitó esta información a través del Consejo de Transparencia, pero no obtuvo respuesta completa. Durante el proceso, el Ministerio de Economía derivó parte de la petición al Ministerio de Hacienda, argumentando que este último debía pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la gestión presupuestaria y los incentivos fiscales. Aun así, la información siguió sin hacerse pública.
Ante esta situación, el Consejo de Transparencia instó al Gobierno a aclarar el destino de los fondos procedentes de donaciones privadas destinadas a los afectados por la catástrofe.
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