La trabajadora social Ivana Napoli, encargada durante años de supervisar la convivencia de los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri en Cerdeña, ha declarado ante un juez penal italiano que nunca observó indicios de malos tratos por parte del padre y que, por el contrario, detectó presiones de la madre para que los menores le acusaran falsamente.
Napoli, empleada del Ayuntamiento de Carloforte, ha relatado varios episodios vividos desde 2019, cuando comenzó a visitar dos veces por semana el domicilio de Arcuri por orden judicial, tras concederse la custodia al padre. Su función consistía en verificar el bienestar de los menores en un contexto marcado por el conflicto entre los progenitores.
Uno de los momentos clave de su testimonio se refiere a una conversación con el hijo mayor, Gabriel. Tras la publicación en España de unas cartas en las que el menor denunciaba supuestos malos tratos, Napoli decidió preguntarle directamente si su padre le había agredido. «Me dijo que no, que nunca le había pegado«, afirmó ante el tribunal.
La trabajadora social insistió en que, durante años de visitas periódicas, nunca detectó lesiones ni signos de violencia en los menores. En la misma línea, explicó que en numerosas ocasiones solicitó que las visitas de la madre se realizaran en puntos de encuentro supervisados para proteger a los niños de situaciones que consideraba perjudiciales.
Especial relevancia tuvo el testimonio sobre el hijo menor, Daniel, quien le confesó que su madre le pedía que acusara a su padre. Según Napoli, el niño le dijo que debía afirmar que Arcuri le pegaba «si quería salvar a mamá», y que ese mensaje no sólo procedía de ella, sino también de personas de su entorno, incluidos abogados.
En relación con uno de los episodios denunciados —una bofetada que Arcuri reconoce haber dado a su hijo tras un intento de agresión por parte del menor—, Napoli aseguró que no observó marcas en el rostro del joven y que la versión de ambos coincidía en lo esencial. Este incidente constituye uno de los cuatro casos por los que el padre está siendo juzgado actualmente.
El testimonio de Napoli coincide con el de la pediatra que atendió a los menores durante su infancia, quien declaró haberlos visto con frecuencia y no haber detectado nunca signos de maltrato ni haber recibido quejas en ese sentido.
Frente a estos relatos, una representante de una asociación contra la violencia de género que acompañaba a Rivas en sus visitas sostuvo que los menores expresaban miedo a su padre cuando estaban con su madre y aseguraban que sufrían agresiones. Un comportamiento que, según distintas resoluciones judiciales italianas, encaja con un contexto de influencia materna sobre los hijos.
Las tres sentencias civiles dictadas en Italia han otorgado la custodia a Arcuri y han coincidido en señalar que Rivas antepone su conflicto personal al interés de los menores. Los tribunales también han considerado que los niños, en determinados momentos, han adaptado su relato a las expectativas de su madre.
El caso mantiene además derivadas judiciales en España. Rivas está siendo investigada en Granada por la retención de su hijo menor, lo que podría acarrear nuevas consecuencias penales si se confirma la reincidencia tras su anterior condena por sustracción de menores, parcialmente indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez
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