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VOX y el PP han cerrado un acuerdo gracias a una enmienda del partido de Abascal a la ley de proyectos estratégicos que permitirá endurecer de forma notable los requisitos para acceder a determinadas prestaciones sociales en Baleares.
El pacto, ya consensuado entre ambas formaciones, se materializará en el trámite parlamentario que concluye, cuando expira el plazo para registrar las modificaciones.
Entre los cambios más relevantes figura la exclusión de los inmigrantes en situación ilegal de la Renta Social Garantizada. A partir de ahora, no será suficiente con estar empadronado: será imprescindible contar con residencia legal y acreditar al menos tres años de estancia en el archipiélago.
Esto supone que quienes no dispongan de documentación en regla quedarán automáticamente fuera del sistema de ayudas. Además, los beneficiarios actuales podrán perder la prestación si rechazan ofertas de empleo consideradas adecuadas.
El endurecimiento también afectará a los menores extranjeros no acompañados (menas). La renta de emancipación que reciben al cumplir los 18 años se restringirá de forma significativa. Sólo podrán mantenerla aquellos que hayan residido durante un mínimo de tres años en la comunidad o que demuestren una integración efectiva en el sistema educativo.
Con esta modificación se pretende evitar que jóvenes que llegan a las islas poco antes de alcanzar la mayoría de edad accedan después a varios años de subsidio.
Estas medidas forman parte de un paquete más amplio de exigencias planteadas por VOX durante las negociaciones presupuestarias del pasado verano. Su apoyo fue clave para sacar adelante las cuentas autonómicas de 2025, lo que permitió al Ejecutivo de Marga Prohens evitar un adelanto electoral, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades como Extremadura o Aragón.
El entendimiento entre ambas formaciones incluye también otras iniciativas ya anunciadas, como la flexibilización del requisito del catalán en plazas docentes de difícil cobertura y en determinados puestos básicos de la Administración.
Sin embargo, persisten discrepancias en cuestiones adicionales que VOX quiere impulsar, como la externalización de algunos servicios públicos o incentivos fiscales para propietarios que limiten las subidas del alquiler. En estos ámbitos, las posiciones siguen alejadas y no se ha alcanzado un acuerdo.
Pese a ello, el pacto sellado en torno a estas enmiendas garantiza su aprobación en el Parlamento, ya que el PP respalda el contenido impulsado por VOX, aunque ambas formaciones optarán por registrar sus propuestas de manera separada.
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