Impacto España Noticias
El juzgado de Instancia de Montoro (Córdoba) ha intensificado su control sobre el tramo ferroviario de Adamuz donde el pasado 18 de enero se produjo el grave accidente entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe, en el que murieron 46 personas. En el marco de esta investigación, la autoridad judicial ha ordenado nuevas actuaciones para garantizar la conservación de posibles pruebas relacionadas con el siniestro.
En concreto, la unidad de Policía Judicial de Córdoba recibió el 18 de marzo la instrucción de documentar y precintar todo el material ferroviario retirado en la zona, incluyendo tanto 36 metros de carril como otros 42 metros adicionales. Estos elementos, trasladados a la base de mantenimiento de Hornachuelos, han quedado bajo custodia de Adif en calidad de depositaria judicial.
La intervención del juzgado se produce después de detectar irregularidades en la información facilitada por el gestor de infraestructuras ferroviarias. Durante una inspección ocular realizada el martes 17, se comprobó que, además del tramo cuya retirada había sido comunicada previamente, existía otro segmento de más de 42 metros desmontado sin haber sido notificado al órgano judicial.
Semanas antes, Adif había informado por correo electrónico —el 2 de marzo— de su intención de sustituir 36 metros de vía en el kilómetro 317,264 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en sentido Madrid. La actuación, prevista para la noche del 3 al 4 de marzo, fue presentada como una tarea de mantenimiento ordinario, aunque el aviso se realizó con apenas 48 horas de margen.
Ese escaso plazo motivó la reacción de la jueza Cristina Pastor, quien reprendió a la empresa pública y estableció nuevas condiciones: cualquier intervención en el tramo de Adamuz debía ser comunicada con al menos 15 días de antelación y contar con autorización expresa del juzgado. No obstante, se introdujo una excepción para actuaciones urgentes por motivos de seguridad, siempre que se justifiquen posteriormente.
Posteriormente, y a petición de la propia Adif, la magistrada delimitó el ámbito de estas restricciones al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974, donde se encuentra el lugar exacto del descarrilamiento ocurrido a las 19.43 horas de aquel domingo.
Además, exigió a la compañía que aclarara si los trabajos anunciados para principios de marzo llegaron a ejecutarse y, en su caso, que detallara las operaciones realizadas, así como el destino del material retirado.
La vigilancia judicial sobre esta zona ya se había endurecido previamente tras otra actuación controvertida. Apenas cuatro días después del accidente, entre la noche del 22 y el 23 de enero, Adif retiró muestras de carril y soldaduras del área sin que existiera un perímetro acordonado ni custodia de la Guardia Civil, y una vez que los equipos técnicos habían dado por concluida la recogida de evidencias.
Ese material también fue trasladado a las instalaciones de Hornachuelos, donde posteriormente fue intervenido y precintado por la Policía Judicial. La empresa ferroviaria admitió ante la jueza haber realizado análisis propios sobre las piezas recogidas, lo que incrementó el interés del órgano instructor en supervisar cualquier actuación posterior en la zona del siniestro.
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