La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por delito de cohecho contra José Antonio Marco Sanjuán, quien fuera presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y considerado el número tres de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.
Según la querella, Marco Sanjuán habría recibido comisiones ilegales (mordidas) en efectivo a cambio de resolver favorablemente o archivar procedimientos tributarios de alto valor económico en el TEAC, órgano encargado de revisar recursos contra sanciones de la Agencia Tributaria.
La denuncia, dirigida también contra otros quince implicados —principalmente empresarios—, se basa en una investigación de nueve meses bajo secreto de sumario, impulsada inicialmente por informaciones publicadas por el medio El Debate y una denuncia previa del sindicato Manos Limpias.
Sospechas de cobros a cambio de dar carpetazo a expedientes tributarios
Estos pagos, no rastreables mediante transferencias bancarias, se realizaban en encuentros discretos, como en cafeterías cercanas a su despacho, con precauciones para evitar seguimientos: cambios de horarios, lugares y uso ocasional de intermediarios o testaferros.
El citado medio precisa que, antes de su etapa en el TEAC (donde fue nombrado en 2018 por afinidad con Montero), Marco Sanjuán presidió el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, donde también se anularon sanciones importantes mediante estructuras societarias vinculadas a él y a colaboradores como Enrique Lahera y Gonzalo Perdrix.
Uno de los casos destacados implica el pago de 100.000 euros por parte de un empresario para anular una reclamación fiscal millonaria. Los testimonios recabados describen citas para «tomar un café» que encubrían entregas de dinero, con frases como «Me tienes que dar porque los demás ya han cobrado todos», sugiriendo una posible red más amplia.
Montero tachó de ‘Mentiras y fango’ la investigación periodística
Marco Sanjuán dimitió en junio de 2025 tras los reportajes periodísticos que destaparon las sospechas. Tras su salida, Montero defendió su inocencia y calificó las informaciones como «mentiras y fango», mientras el Ministerio de Hacienda y figuras como el secretario de Estado Jesús Gascón cerraron filas en su apoyo.
Políticamente, el caso ha generado demandas de explicaciones por parte del PP y ha coincidido con el anuncio de Montero de abandonar el Gobierno para encabezar la candidatura del PSOE en las próximas elecciones autonómicas de Andalucía.
La querella se encuentra ahora en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. La investigación judicial continúa para determinar si se confirman los hechos y la posible implicación de más personas en la supuesta trama de corrupción.
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