Impacto España Noticias
La jueza de Catarroja que investiga la dana no piensa soltar el hueso de Carlos Mazón. La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado citar a declarar como testigo al ex presidente de la Generalitat.
El Alto Tribunal valenciano no apreció en la exposición razonada de la instructora «un fundamento sólido y objetivo» de que los hechos descritos por ella en su auto de exposición razonada «revistan carácter de delito». Los magistrados dictaminaron también que Carlos Mazón no tenía una «posición de garante», porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de las emergencias.
Lo ha decidido en un auto notificado este martes a las partes, en el que la magistrada argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que ella elevara una exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado, "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante".
Del mismo modo, según precisa la instructora, "no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa" (en el envío del Es-Alert). Por tanto, "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical", concluye.
El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicas del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.
En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.
En un segundo auto dictado y notificado hoy, la magistrada requiere a una asociación que deposite fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular.
Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda entre otras cosas citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsellera de Justicia investigada para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.
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