Impacto España Noticias
En su último Consejo de Ministros antes de abandonar el Ejecutivo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deja como herencia una medida que ha encendido la indignación entre miles de propietarios de viviendas.
Hacienda obliga ahora a declarar en la Renta los alquileres no percibidos en pisos okupados o con impagos, incluso después de haber interpuesto una demanda de desahucio. La interposición del procedimiento judicial no exime de la obligación fiscal, según confirma la propia Agencia Tributaria.
La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha alertado de que esta norma coloca a los pequeños propietarios en una situación “insostenible”. No solo pierden la renta —la morosidad media ronda los 4.000 euros, con picos de hasta 49.500—, sino que además deben tributar por IRPF o IRNR sobre unos ingresos que nunca han llegado a su bolsillo. El tiempo medio para recuperar una vivienda supera los seis meses, y en muchos casos se alarga mucho más en los juzgados.
Mientras tanto, las cifras de okupación ilegal no dejan de crecer: más de 23.000 viviendas okupadas están actualmente en venta (el 3% del mercado, según Idealista) y en 2024 se registraron más de 16.400 denuncias por okupación.
La medida, que entra en vigor de inmediato, se aplica tanto a residentes como a no residentes y obliga a imputar las rentas exigibles aunque no se hayan cobrado.
Esta es la última acción de Montero al frente de Hacienda antes de centrarse por completo en su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo.
La dirigente socialista deja el Gobierno en plena precampaña con un panorama electoral desolador: las encuestas publicadas en las últimas semanas sitúan al PSOE ante su peor resultado histórico en Andalucía, a casi 20 puntos por detrás del PP y con riesgo real de quedar en tercer lugar por detrás de VOX. Montero es, además, la candidata peor valorada de todas las opciones.
Expertos y asociaciones de propietarios coinciden en que esta norma es un ejemplo más de cómo las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez priorizan la protección de los okupas frente a los derechos de los ciudadanos de a pie que cumplen con sus obligaciones.
Mientras los dueños pagan impuestos por rentas fantasma, los okupantes ilegales siguen sin afrontar consecuencias inmediatas. Una herencia envenenada que Montero se lleva a Andalucía y que, según los sondeos, los andaluces no parecen dispuestos a perdonar en las urnas.
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