Ximo Puig gastó 16.000 euros de la Generalidad Valenciana en 2025 en dietas, alojamiento y coche pese a vivir en París y cobrar un sueldo de 130.000 euros

El Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat Valenciana, una ley de 2002, les permite disponer de manera vitalicia de un despacho, dos asesores -que suelen ser antiguos colaboradores de su etapa en el poder-, chófer y coche oficial a cuenta del erario público, así como medios para preservar su seguridad personal.

La norma garantiza esa estructura, pero no concreta el cometido de la misma: no hace alusión a las funciones, actividades de representación u obligaciones que tienen los exmandatarios y las personas que están a su cargo cobrando un sueldo público.

La partida más voluminosa fue la de retribuciones del personal eventual (159.507,88), es decir, los sueldos de los dos asesores y del conductor elegidos por el expresidente. Le sigue la de instalaciones y mantenimiento (11.380,5), una cifra que también llama la atención, pues el céntrico local de Valencia que sirve de sede para la oficina -ubicado en la Plaza del Ayuntamiento- es propiedad de la Administración autonómica, por lo que no se contabilizan gastos de arrendamiento o de suministros.

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Como ya informó este diario, el salario completo del ex dirigente socialista como representante de España ante la OCDE no es público, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación oculta una parte sustancial de los emolumentos de los embajadores.

Según la estimación realizada a partir de todas las variables a tener en cuenta, la cifra total rondaría los 150.000 euros anuales e incluso podría ser superior. Su antecesor en este cargo, Manuel Escudero, recibió 151.660 en 2021, según el Portal de Transparencia.

Tras un requerimiento de información al Gobierno, la Dirección General del Servicio Exterior confirmó a este diario que «el contrato de arrendamiento de la residencia de la Representación Permanente de España ante la OCDE en París tiene una renta mensual de quince mil euros».

Se trata de un exclusivo piso en la Avenue Marceau, que comunica el Sena y el Arco del Triunfo. Está ubicado a setenta metros de la cancillería -las oficinas diplomáticas- de la delegación y de la Embajada de España en Francia, un edificio que sí es propiedad del Estado.

Además, «todas las embajadas de España en el exterior cuentan con vehículo de representación y de servicio», por lo que Ximo Puig tiene a su disposición dos coches oficiales: uno en París y otro en Valencia.

La partida de la oficina de Puig sufragada por la Generalitat es la más abultada, pero le sigue de cerca la de Alberto Fabra (186.415,74), el único de los cuatro expresidentes que disfrutan de estos privilegios cuyo local en Castellón no pertenece a la Administración regional, con el consiguiente gasto anual en alquiler (más de 12.000 euros).

Pese a ello y al elevado coste del personal (169.746,84), el diputado del PP en el Congreso lo compensa sin gastos de alojamiento y con un montante inferior al resto en la suma de las dietas y el coche oficial (4.288,33).

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Carlos Mazón activó su oficina en Alicante a finales de año, tras su dimisión en noviembre, por lo que sólo suma 3.843 euros en la contratación de su ex jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como asesor. En los 126.681.54 euros que gastó Francisco Camps en 2025 se incluyen 6.000 en alojamientos y dietas, así como una polémica partida de 14.774,4 de gasto en el coche oficial que Llorca se ha comprometido a investigar «hasta el final».

«Yo defiendo a la Administración y no me caso con nadie», aseveró durante el debate en las Cortes con Joan Baldoví, portavoz de Compromís. Baldoví lo denunció este lunes -a raíz de una respuesta parlamentaria recibida de la Generalitat- y lo vinculó a la gira de actos por la Comunidad Valenciana con la que trata de volver a liderar el PP.

No obstante, Camps rebajó este martes a menos de 4.000 euros el dinero gastado en unos 29.000 kilómetros recorridos y apuntó a un supuesto «mal uso» y «no legal» de la tarjeta de repostaje asignada al turismo, que sólo puede usarla el conductor: «Parece ser que se ha movido la tarjeta fuera del coche». De hecho, argumentó -tras cotejar el desglose de cargos de la misma- que el «50, 60 o 70 por ciento» de las fechas en las que se repostó corresponden con momentos en los que él no estaba en Valencia y, en algunos casos, ni siquiera en España.

El expresidente ha remitido un escrito a Presidencia para alertar de este supuesto uso irregular y su equipo recalca que los desplazamientos a los actos de su campaña los realiza en vehículo particular. No obstante, en 2024 ya se contabilizó una importante cuantía en el mismo concepto -13.076 euros- que fue abonada por la Generalitat.

Desde Compromís han intentado modificar el estatuto de los expresidentes sin éxito en dos ocasiones en él último año, con el rechazo de PP, PSOE y Vox. Consideran que deberían limitarse estos privilegios a un vehículo oficial para actos protocolario y al apoyo de la Generalitat en la organización de actividades relacionadas con el autogobierno.

La coalición apuntaba también en otra dirección: aquellos expresidentes que culminaron una legislatura completa y no ostentan otro cargo público pueden ejercer durante quince años como miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, con una retribución de alrededor de 75.000 euros anuales. Una prerrogativa que actualmente no disfruta ninguno.

Del resto de ex presidentes de la Generalitat, ni el popular Eduardo Zaplana ni el socialista Joan Lerma han activado nunca su oficina de apoyo. El fallecido José Luis Olivas sí lo hizo, de hecho fue el primero, pero sólo durante un corto periodo de tiempo.