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La Comunidad de Madrid trabaja ya en la respuesta a la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno central. Isabel Díaz Ayuso anunció, durante el Pleno de la Asamblea, que el Ejecutivo autonómico recurrirá la reforma del reglamento de extranjería, que previsiblemente se aprobará la semana que viene en el Consejo de Ministros vía real decreto. "Estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos", subrayó.
Ayuso avanzó sus intenciones tras una pregunta de Vox en la Cámara regional, donde insistió de nuevo en priorizar a los españoles en la asistencia sanitaria y en poner coto a lo que llama "turismo sanitario". La dirigente popular, que desde hace semanas alimenta la teoría de que la regularización esconde una maniobra electoral, criticó la medida y alertó de los problemas que ocasionará en los servicios si no hay un refuerzo de la financiación y de los medios públicos.
"Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez este Gobierno va a recurrir, en este caso este real decreto", declaró este jueves la también presidenta del PP de Madrid, tras tildar la regularización de "desorden" e "ilegalidad".
La regularización masiva de inmigrantes, se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. El Gobierno del PSOE y Sumar habla de un mínimo de 500.000 personas, aunque la realidad es que serán muchos más. Un estudio de Funcas eleva la cifra de irregulares por encima de los 800.000, de los que la inmensa mayoría (91%) son de origen latinoamericano.
Colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000) son los principales países de origen de estas personas, que solo en los dos primeros casos podrán votar en las elecciones municipales por existir un acuerdo de reciprocidad. Para participar en los comicios autónomicos y nacionales, sin embargo, es obligatorio contar con la nacionalidad española.
Ayuso aprovechó su intervención para criticar la política migratoria del Ejecutivo, que esta semana ha vuelto al foco mediático tras el plante de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia por el tema de los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como menas.
"Intentaremos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, también el reparto ilegal de menores, todo lo que está intentando hacer el gobierno de Pedro Sánchez, que es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden", añadió la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La respuesta, más allá de la confrontación con Sánchez, frena en parte el empuje de Vox en la región. La formación ultraconservadora ha puesto todos los huevos en la cesta de la inmigración irregular y prácticamente durante cada pleno insiste en la misma cuestión.
Este jueves registró una propuesta para "frenar el deterioro y el colapso del sistema sanitario; combatir el turismo sanitario; reforzar los recursos del personal de forma urgente; transparencia sobre el impacto real y el coste que genera la inmigración masiva y descontrolada; y establecer la prioridad nacional en el acceso al Servicio Madrileño de Salud".
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