Correos asumirá "sin recursos" casi todas las regularizaciones de inmigrantes

Falta muy poco para que se apruebe el decreto de regularización de inmigrantes del Gobierno. Una norma de la que se beneficiarán más de medio millón de extranjeros 'sin papeles', que podrán presentar sus solicitudes en un plazo de tres meses. Ante la oleada de expedientes que se prevé y el aumento de trabajo que ello acarreará para las oficinas de extranjería, el Ejecutivo ha habilitado otras oficinas públicas.

Según el último borrador del decreto, se abrirán ventanillas en las oficinas de Correos y Seguridad Social en todo el territorio nacional, donde los trabajadores tramitarán las solicitudes que luego serán revisadas y validadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero lo harán, según denuncian, sin haber recibido ninguna información y con recursos "insuficientes" para asumir esas nuevas competencias.

Correos es la entidad elegida por su capilaridad territorial, con 2.400 oficinas y 7.000 carteros rurales, alcanzando todos los 8.000 municipios del país, algo fundamental para la España vaciada y poblaciones periféricas. Precisamente por eso —porque está presente en todos los municipios del país, grandes o pequeños, urbanos o rurales, insulares o peninsulares— las oficinas de la empresa pública de servicio postal serán las "protagonistas principales" de esta regularización extraordinaria que, según la ministra Elma Saiz, se aprobará en Consejo de Ministros de manera "inminente", lo cual significa que podría ser este mismo martes.

"Es una regularización que nos pilla por primera vez, y vamos a llevar el peso fundamental de las solicitudes, con lo cual anticipo una enorme carga de trabajo para Correos", subraya a este periódico Regino Martín, secretario general de CCOO Correos y del Sector Postal.

Según detalla, lo que hará un trabajador en las oficinas de atención al cliente es gestionar la solicitud de regularización, "que puede durar 20 minutos o media hora", para luego remitirla a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX). El sindicato critica que esta tarea, que podría implicar entre 500.000 y un millón de solicitudes, se les ha asignado sin la debida antelación, sin información clara ni negociación con los sindicatos, y con plazos muy ajustados.

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Una plantilla tensionada e "insuficiente"

"El problema no es la regularización, sino cómo se está planteando. El volumen, por ejemplo, es inmenso. Va a ser la mayor regularización de la historia, y el plazo entre las solicitudes y la resolución es muy apretado, de tres meses", subraya.

Según asegura Martín, esto llega, además, en un momento en el que el clima laboral y las condiciones de los trabajadores de Correos no son óptimas. Tal y como detalla, la plantilla de Correos, actualmente con unos 42.000 trabajadores (7.000 menos que hace unos años por jubilaciones no repuestas) y un 25% de temporalidad, ya está muy tensionada y es "insuficiente".

En las oficinas echan en falta una planificación, algún tipo de formación o un protocolo que les aterrice cómo van a tener que organizarse desde que se apruebe el decreto hasta el 30 de julio, que es cuando vence el plazo para presentar las solicitudes de regularización. "No se entiende que no haya habido ni una sola reunión con los representantes de los trabajadores.

Además, la plantilla no tiene información de qué va esto, no se les ha informado de absolutamente nada. Montar un operativo de esta magnitud sobre una plantilla tan tensionada, con el recorte de trabajadores, la sobrecarga de trabajo y sin negociar condiciones, sin informarles, sin refuerzos y sin compensaciones... da la sensación de que echan toda la responsabilidad a las espaldas de los trabajadores", denuncia.

Correos asegura que ha preparado un programa de formación

En la mañana del pasado viernes, CCOO seguía sin haber recibido ninguna llamada ni notificación sobre las labores que deberán ejercer los trabajadores en los próximos meses. "No es normal", denuncia Martín. Tengan o no información, el sindicato calcula que sería necesario "al menos" un 30% de refuerzo de plantilla para asumir esa nueva carga y otras que vendrán en las próximas semanas y que se solaparán, como las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Así, Regino Martin lamenta que, aunque son servidores públicos y cumplirán con su deber, la situación actual es "fea" e "irresponsable" por parte de la dirección política, ya que la falta de recursos y planificación podría afectar la calidad del servicio tradicional de Correos.

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Este periódico ha consultado también a la propia empresa pública, que asegura haber estado "en contacto constante" con las organizaciones para informarles de los cambios que se han ido produciendo en la norma. Sobre un plan de formación para los trabajadores, Correos sostiene que "se está trabajando en ello", pero que, en todo caso, las oficinas están preparadas para asumir esta labor, igual que lo hacen con otros procedimientos, como el de las ayudas que se han concedido a través de sus servicios para los afectados por el temporal en Andalucía. 

Según añadió poco después a este diario, Correos ha estado trabajando "de manera coordinada" con el Gobierno para "garantizar una prestación eficaz de todos los servicios que se le requieran" en el marco de la regularización de inmigrantes. Asegura también haber desarrollado "un programa de formación y capacitación" para todas las gestiones que se necesiten en este proceso, "especialmente en lo referente a la habilitación del personal para representar al inmigrante en el proceso de solicitud".

Así es como defienden que garantizarán que el personal cuente con "los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo todas las gestiones que se le encomienden", aunque no detallan cuándo trasladarán a sus trabajadores esa formación diseñada para un proceso que arranca dentro de muy poco.  En el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se remiten a lo dicho por la empresa y a la "estrecha colaboración que está habiendo desde el inicio para afrontar un proceso tan importante".

Una regularización "inminente"

Tal y como avanzó la ministra Elma Saiz en una entrevista para 20minutos, la regularización de inmigrantes (la séptima llevada a cabo en España en los últimos 40 años, la primera en dos décadas) irá a Consejo de Ministros de forma "inminente" para que pueda entrar en vigor cuanto antes. 

El movimiento Regularización ya -impulsor de la iniciativa- lleva días pidiendo que no se apruebe más tarde del 15 de abril, pues temen que sea imposible tramitar todas las solicitudes que se esperan en el reducido plazo que se ha abierto para ello. Si finalmente se aprueba más allá de ese día, es decir, en el próximo Consejo del 21 de abril, han pedido al Gobierno que prorrogue la fecha prevista para cerrar las ventanillas, que ahora está fijada en el 30 de junio. 

El Ejecutivo estaba esperando el informe del Consejo de Estado, crucial para sacar adelante la iniciativa con todas las garantías jurídicas, que finalmente avaló la norma el pasado jueves. Lo hizo, eso sí, con algunas sugerencias de modificaciones, como dejar claro que un inmigrante no puede beneficiarse al mismo tiempo de un permiso por Protección Internacional y otro de la regularización; y asegurarse de que la ausencia de antecedentes penales sea "uno de los requisitos ineludibles" del proceso, asegurando con todos los medios que queda demostrado. 

El real decreto está dirigido a todas las personas extranjeras que se encontrasen en España antes del 1 de enero de 2026 y que puedan acreditar haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España.

La ley establece como único requisito que los solicitantes no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público, algo que ha generado mucho debate social y denuncia por parte de los partidos de la derecha, que consideran que estas condiciones son poco estrictas y temen que la regularización abra una brecha en la seguridad nacional del país

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