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El memorándum preliminar presentado el miércoles ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa ha vuelto a situar a España bajo escrutinio internacional por la evolución de sus mecanismos de prevención y respuesta frente a la corrupción.
El documento, de carácter técnico, apunta a una necesidad urgente de reformas estructurales y se suma a una serie de advertencias coincidentes emitidas por diversos organismos multilaterales.
Entre las instituciones que han trasladado observaciones similares se encuentran la Comisión Europea, la OCDE, el Grupo de Estados contra la Corrupción y Transparencia Internacional. En conjunto, sus evaluaciones reflejan deficiencias persistentes en ámbitos clave, como la regulación de los lobbies, la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.
El GRECO, órgano especializado del Consejo de Europa, ha reiterado en sus últimos informes que España mantiene pendientes recomendaciones formuladas desde 2013.
En particular, subraya la ausencia de una normativa específica sobre grupos de interés, así como la percepción de politización en el sistema de designación del órgano de gobierno de los jueces. Asimismo, advierte que las reformas destinadas a reforzar la independencia del Ministerio Fiscal no han sido implementadas de forma efectiva.
En evaluaciones más recientes, centradas en el funcionamiento del Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad, el GRECO identifica problemas fundamentales derivados de la falta de aplicación de medidas recomendadas en 2019. Entre ellos destacan la inexistencia de una legislación integral sobre conflictos de interés, la debilidad de los sistemas disciplinarios internos y la protección incompleta de los denunciantes de corrupción.
Por su parte, la Comisión Europea ha calificado la corrupción en España como un «área de preocupación persistente» en sus informes sobre el Estado de derecho.
En sus análisis de 2024 y 2025, Bruselas señala un alto riesgo en la contratación pública y la financiación de partidos políticos, así como una aplicación limitada de la normativa existente. También identifica carencias en la supervisión de los conflictos de interés y en la capacidad sancionadora de los órganos competentes.
La OCDE coincide en la necesidad de una estrategia nacional integral contra la corrupción, al considerar que el modelo español presenta una estructura fragmentada. Según este organismo, la distribución de competencias entre diversas instituciones dificulta la coordinación y la supervisión estratégica, lo que reduce la eficacia global del sistema de control. Aunque reconoce avances regulatorios, advierte que su implementación sigue siendo desigual.
En paralelo, el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional sitúa a España en una posición inferior respecto a otras democracias europeas. En su última edición, correspondiente a 2025, el país descendió en la clasificación, reflejando una percepción negativa sostenida entre expertos y agentes económicos.
En este contexto, el Gobierno de Sánchez ha anunciado iniciativas orientadas a reforzar los mecanismos de integridad pública, incluyendo un plan estatal específico. No obstante, los organismos internacionales coinciden en que los resultados dependerán de la ejecución efectiva de las medidas y de la adopción de reformas pendientes.
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