El sector agrario español asiste con impotencia a la demolición programada de sus principales medios de vida. Un exhaustivo informe que analiza la década entre 2015 y 2025 ha destapado con crudeza cómo la Comisión Europea, amparada en tratados internacionales, está propiciando de manera activa y acelerada la sustitución paulatina de los cítricos cultivados en Europa por masivas importaciones provenientes de terceros países como Marruecos, Sudáfrica y Perú.
Esta decisión, firmada en los despachos institucionales de Bruselas a miles de kilómetros de los campos valencianos, andaluces y murcianos, supone una sentencia de muerte para la rica huerta tradicional española. Las autoridades comunitarias sacrifican sin el menor rubor nuestra independencia alimentaria y a nuestro tejido agrario para satisfacer grandes agendas comerciales globales en las que el agricultor local resulta prescindible.
La Unión Europea exige a los productores españoles el cumplimiento de normativas medioambientales sumamente estrictas. Tienen que acatar limitaciones rigurosas en el uso del agua, pagar salarios ajustados a la legalidad europea y someterse a inspecciones técnicas constantes que encarecen enormemente la producción del campo y estrechan los márgenes de beneficio hasta ahogar a las familias agricultoras.
El verdadero escándalo salta cuando, al mismo tiempo que aprietan el cuello del productor nacional, desde las altas instituciones de Europa abren de par en par los puertos y los mercados a millones de toneladas de naranjas y limones marroquíes o sudafricanos. Es una clara traición a los principios de protección y fomento de los estados miembros que fundaron la Unión.
El problema no radica en el libre mercado, sino en la evidente competencia desleal y asimétrica impuesta por ley. Los productos importados de estas naciones extracomunitarias compiten partiendo de costes laborales irrisorios, condiciones de trabajo precarias y, lo más grave, con un empleo sistemático de pesticidas y abonos químicos que están severamente prohibidos dentro del suelo de la Unión Europea.
Al permitir la entrada masiva de estos cítricos más baratos, Bruselas no solo hunde los precios en origen provocando la quiebra del agricultor nacional que debe tirar su fruta a la basura. También pone en grave riesgo la salud de los propios consumidores europeos, que adquieren sin saberlo en los lineales de los supermercados alimentos tratados con componentes químicos hace tiempo vetados por considerarse perjudiciales.
El Gobierno de España observa esta sangría patrimonial desde una posición de intolerable tibieza diplomática. En lugar de plantarse con firmeza en los consejos europeos y exigir el cierre de fronteras a la competencia desleal agrícola o la aplicación inmediata de aranceles correctivos, se pliega dócilmente a los dictados impuestos por los grandes lobbies y distribuidores.
Si no se aplica el principio de preferencia comunitaria y se exige reciprocidad total en los controles sanitarios fronterizos, en muy pocos años los huertos cítricos españoles, orgullo de nuestra gastronomía y motor económico de provincias enteras, quedarán reducidos a simples secarrales abandonados.
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