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La Agencia Tributaria afronta una guerra interna en el peor momento posible: plena campaña de la renta, millones de contribuyentes pendientes de sus declaraciones y una plantilla que amenaza con paros si Hacienda no cumple lo pactado con los trabajadores.
El sindicato CSIF se ha concentrado ante la Secretaría de Estado de Hacienda para exigir mejoras laborales, carrera profesional, regulación del teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.
El conflicto llega en un momento especialmente delicado. La campaña de la renta concentra cada año una enorme carga de trabajo en la Agencia Tributaria, con citas, atención telefónica, revisión de datos fiscales y asistencia a contribuyentes.
Según CSIF, la plantilla arrastra falta de personal, exceso de funciones y promesas incumplidas desde 2024. El sindicato amenaza con paros de una hora los días 13 y 29 de mayo y con una huelga general el 8 de junio si no hay avances.
El choque coincide además con el aumento de presión sobre los contribuyentes, especialmente autónomos, que este año ya se enfrentan a más controles sobre gastos deducibles, como se explicó en Los gastos que Hacienda prohíbe deducirse a los autónomos en su declaración de la renta de 2026.
La denuncia más dura del sindicato apunta directamente al modelo de lucha contra el fraude. CSIF sostiene que, con la plantilla actual, la Agencia Tributaria no puede centrarse como debería en los grandes entramados de fraude fiscal.
El mensaje es demoledor: se estaría poniendo el foco en lo más fácil, como pequeñas empresas, pymes y colectivos concretos, en lugar de perseguir con más fuerza a los grandes evasores.
Esa acusación golpea de lleno el relato oficial de Hacienda, que defiende cada año sus resultados en la lucha contra el fraude mientras los trabajadores denuncian falta de medios para hacerlo de forma eficaz.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto está en el Servicio de Vigilancia Aduanera. Sus agentes combaten narcotráfico, contrabando, blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero no están reconocidos como profesión de riesgo.
El sindicato denuncia que hay trabajadores de edad avanzada participando en operaciones peligrosas, persecuciones marítimas e intervenciones con armas sin el reconocimiento laboral que reclaman.
Además, aseguran que muchos agentes cobran sueldos que rondan los 1.500 euros y que faltan medios materiales para actuar contra redes cada vez más violentas.
La Agencia Tributaria cuenta con unos 27.000 empleados, pero CSIF sostiene que debería superar los 29.000 para aproximarse a estándares internacionales. Incluso calcula que la cifra necesaria podría estar por encima de los 30.000 trabajadores.
El problema no es solo la falta de personal. También las jubilaciones, el envejecimiento de la plantilla y la falta de promoción interna.
La tensión llega justo después de que el Gobierno aprobara una gran oferta pública de empleo, con 37000 plazas públicas y miles de puestos de acceso libre, aunque los sindicatos ya avisaron de que la Administración necesita crear empleo real y no solo cubrir bajas.
Otra de las grandes quejas internas es que muchos empleados realizan tareas de categoría superior sin reconocimiento económico ni posibilidad real de ascenso.
CSIF denuncia que parte de la plantilla asume responsabilidades que no corresponden a su puesto, especialmente durante la campaña de la renta, donde las citas se acumulan y algunos casos son cada vez más complejos.
En paralelo, los contribuyentes siguen dependiendo de los servicios digitales de la Agencia Tributaria para corregir errores o modificar declaraciones, como ocurre con los autónomos que pueden rectificar errores si ya presentaron su declaración de renta.
La presión sindical ya ha tenido un primer efecto. Tras la concentración, la Agencia Tributaria ha citado a CSIF para abordar las reclamaciones pendientes.
La pregunta ahora es si esa reunión servirá para desbloquear el conflicto o si Hacienda entrará en la campaña de la renta con paros y una huelga sobre la mesa.
Porque el problema de fondo ya no es solo laboral. Es político, fiscal y ciudadano: una Agencia Tributaria tensionada puede terminar afectando tanto a quienes trabajan dentro como a quienes esperan una devolución, una cita o una simple respuesta.
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