Impacto España Noticias
Es la septuagésima primera vez que PSOE y Sumar suman sus votos para congelar una norma impulsada por el PP, y que el Senado aprobó hace casi dos años, en junio de 2024.
Ahora, la medida se paraliza de nuevo durante 15 días que, con toda probabilidad, será más tarde prorrogada para dilatar su tramitación.
La decisión de mandar "al congelador" esta norma se toma sin dar explicaciones. Fuentes del PP afirman que Francina Armengol ha anunciado la decisión sin decirles "nada".
El bloqueo se produce apenas cinco días después de que dos guardias civiles murieran en las costas de Huelva mientras perseguían una narcolancha.
El capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González fallecieron cuando dos patrulleras del Servicio Marítimo chocaron entre sí a 80 millas de la costa, entre Punta Umbría y Mazagón.
La proposición de ley del PP lleva congelada en un cajón desde que finalizó el plazo ordinario de enmiendas el 3 de septiembre de 2024. Desde entonces, la Mesa ha ido ampliando sucesivamente los plazos para evitar que la norma llegue a votación en la Comisión de Trabajo.
El Gobierno teme perder la votación. Fuentes socialistas admiten que algún socio parlamentario podrían apoyar la iniciativa, y que, en todo caso, el PSOE no puede permitirse votar en contra en la Cámara una norma como ésta, que levanta tantas sensibilidades.
Por eso, la estrategia es la que ya se ha aplicado a casi 40 iniciativas del PP: mantener la proposición indefinidamente en fase de enmiendas. De esta forma, nunca llega a debate ni a votación en comisión, y mucho menos al Pleno del Congreso.
Pero este veto se ha producido en plena campaña electoral andaluza. Las elecciones autonómicas se celebran este domingo 17 de mayo, y el narcotráfico se ha convertido en el tema central del debate político tras la tragedia de Huelva.
El pasado viernes 8 de mayo, el capitán Jerónimo y el agente Germán murieron en acto de servicio. Otros dos guardias civiles resultaron heridos en el mismo suceso, que se produjo durante una persecución nocturna a alta velocidad contra una embarcación cargada de droga.
Ni el presidente Pedro Sánchez ni ningún ministro del Gobierno acudió al funeral. La explicación oficial fue la crisis sanitaria del hantavirus, pero la ausencia ha generado un profundo malestar en el Cuerpo y en las asociaciones profesionales.
La candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, agravó la situación en el debate electoral del lunes 12 de mayo en Canal Sur. Montero calificó insistentemente las muertes como "accidente laboral" en lugar de muerte en acto de servicio.
"Mis condolencias para las familias de Jerónimo y Germán. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad", dijo Montero ante las cámaras. La candidata del PSOE repitió la expresión varias veces a lo largo de su intervención.
Las asociaciones de guardias civiles exigieron una rectificación inmediata. Juanma Moreno acusó a Montero de "frivolizar con el dolor de las familias" y calificó lo ocurrido como "asesinato", no accidente.
Alberto Núñez Feijóo fue más allá. El líder del PP censuró la "inhumanidad" de Montero y confesó que tuvo que ver la intervención "varias veces" porque pensaba que era "una exageración".
En el PSOE cunde la alarma. Fuentes del partido admiten que el desliz de Montero y la ausencia de ministros en el funeral pueden pasar factura electoral este domingo. Consideran que el Gobierno debería haber hablado desde el principio de "acto de servicio".
Montero rectificó parcialmente el martes 13 de mayo. Publicó un mensaje en la red social X calificando las muertes como "muerte en acto de servicio", pero no llegó a pedir disculpas formalmente.
El miércoles 14 de mayo, Fernando Grande-Marlaska fue abucheado y pitado durante una jura de bandera en la Academia de Guardias Civiles de Baeza, Jaén. Los abucheos se dieron cuando el ministro del Interior intentó expresar su "rabia" por lo ocurrido.
Marlaska quiso aclarar la confusión de Montero: "Está claro que es una muerte en acto de servicio". Sin embargo, su intervención fue recibida con una bronca audible por parte de familiares y agentes presentes en el acto.
La tragedia de Huelva recuerda inevitablemente a la de Barbate. El 9 de febrero de 2024, hace poco más de dos años, traficantes en una planeadora mataron a dos agentes de la Guardia Civil e hirieron a otros dos tras estrellar su embarcación contra la patrullera del Cuerpo.
Aquella muerte también se produjo en aguas andaluzas durante una persecución al narcotráfico. Los criminales navegaban en una embarcación mucho mejor equipada que las patrulleras oficiales y arrollaron deliberadamente a los agentes.
La proposición de ley bloqueada en el Congreso modificaría la Ley General de la Seguridad Social para incluir a Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera como profesiones de riesgo. Aplicaría un coeficiente reductor de 0,20 a los años trabajados, permitiendo la jubilación a los 60 años, o a los 59 con 35 años de servicio.
El texto fue aprobado en el Senado en junio de 2024 con el respaldo del PP. Se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 14 de junio de 2024, y el plazo ordinario de enmiendas finalizó el 3 de septiembre.
La fecha prevista de entrada en vigor era el 1 de enero de 2025. Sin embargo, el Gobierno ha impedido sistemáticamente su tramitación mediante sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas votadas en la Mesa del Congreso.
El motivo no es solo evitar dar una victoria política al PP de Feijóo. Fuentes del PSOE reconocen que el Gobierno teme perder la votación porque varios socios parlamentarios podrían apoyar la iniciativa, o porque el PSOE no se podría permitir votarla en contra sin un coste electoral enorme.
Actualmente son profesión de riesgo en España los bomberos, la Ertzaintza, las policías locales, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra. También personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, mineros, artistas y profesionales taurinos.
La anomalía de que Policía Nacional y Guardia Civil no tengan ese reconocimiento ha llegado al Parlamento Europeo. En enero de 2026, el Grupo del Partido Popular Europeo presentó una propuesta de Directiva para reconocer a nivel comunitario estas profesiones como de riesgo.
La iniciativa europea surgió de la Petición 1407/2023, presentada por David Gutiérrez Prieto en nombre de la Confederación Española de Policía (CEP) ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La petición reclama reconocimiento de policías como profesión de alto riesgo y que las agresiones a agentes sean consideradas "eurocrímenes".
La Comisión de Peticiones organizó una misión de investigación a España en mayo de 2025. Los eurodiputados visitaron Algeciras y Barbate, zonas especialmente castigadas por el narcotráfico, y elaboraron un informe oficial que constata la gravedad de la situación.
La propuesta de Directiva presentada en enero establece medidas de protección laboral, jubilación anticipada sin penalización, asistencia médica y psicológica, y protección jurídica para policías y guardias civiles. Se tramitará en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara.
Todo ello demuestra que el anuncio del pasado lunes por parte del portavoz del PP, Borja Sémper, de un plan con siete medidas contra la crisis del narco no es una reacción al último suceso. Es una política que lleva impulsando el partido más de dos años en todos los frentes: nacional, autonómico y europeo.
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