El recurso a los contratos negociados sin publicidad, conocidos popularmente como “contratos a dedo”, ha experimentado un fuerte incremento en la Administración General del Estado (AGE).
Según datos analizados por TO procedentes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el importe de estos contratos del Gobierno del Sanchismo casi se quintuplicó en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.
En concreto, mientras en los tres primeros meses de 2025 se adjudicaron 486,7 millones de euros a través de este procedimiento excepcional, la cifra ascendió a 2.398,6 millones en el primer trimestre de 2026. Se trata del volumen más alto registrado en un primer trimestre desde que se tiene registro.
Este repunte se produce después de que en todo 2025 el Gobierno alcanzara un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, con un pico especialmente llamativo en el último trimestre del año, donde se superaron los 21.000 millones.
El procedimiento negociado sin publicidad está diseñado para situaciones excepcionales: urgencia imperiosa, ausencia de competencia por razones técnicas o cuando se requiere un proveedor específico. Sin embargo, su uso se ha convertido en una práctica cada vez más recurrente.
Este mecanismo permite a la Administración invitar directamente a determinados operadores económicos y negociar las condiciones sin abrir un concurso público, lo que reduce la competencia y puede limitar la presión sobre precios y calidad.
Expertos y analistas advierten de que el abuso de estos contratos genera menor transparencia y favorece la adjudicación a un único licitador en muchos casos. Además, la concentración del gasto en los cierres de ejercicio —para evitar la pérdida de créditos— explica en gran medida los picos observados, especialmente a finales de 2025.
Este fenómeno se enmarca en un contexto de mayor actividad contractual general. En el primer trimestre de 2026, las administraciones públicas licitaron 32.833 millones de euros, un 27% más que el año anterior, con un notable impulso del sector estatal. No obstante, el volumen finalmente adjudicado se mantiene más estable, lo que evidencia un desfase entre licitaciones y resoluciones.
La tendencia plantea interrogantes sobre la planificación presupuestaria y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Mientras los contratos a dedo crecen de forma desproporcionada, se reduce el espacio para la concurrencia competitiva, lo que podría traducirse en mayores costes para las arcas públicas y menor rendición de cuentas.
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