Impacto España Noticias
Una auditoría interna realizada por el actual Gobierno de Baleares ha destapado graves irregularidades en la gestión de la Renta Social Garantizada (Resoga) durante los años en que Francina Armengol presidió el Ejecutivo autonómico.
Según los datos revelados, se realizaron pagos indebidos a más de 2.000 perceptores que no cumplían los requisitos establecidos por la normativa o que, simultáneamente, cobraban otras ayudas incompatibles.
La Resoga, una prestación creada en 2016 para atender situaciones de especial vulnerabilidad social, se vio afectada por deficiencias sistemáticas en los controles de concesión y mantenimiento de las ayudas.
La revisión exhaustiva de todos los expedientes ha permitido identificar abonos por un importe superior a los 4,1 millones de euros que ahora deberán ser devueltos a las arcas públicas. El Gobierno de Marga Prohens ya ha iniciado los procedimientos administrativos correspondientes para reclamar estas cantidades.
Fuentes del Ejecutivo actual destacan que las irregularidades se produjeron “durante años” y que incluyeron tanto pagos a personas sin derecho reconocido como duplicidades con otras prestaciones. Esta situación ha generado un importante perjuicio económico y ha puesto en cuestión la rigurosidad en la gestión de los fondos públicos destinados a políticas sociales.
Desde el PP balear se ha subrayado que el actual Gobierno está poniendo orden en un sistema que heredó con importantes lagunas de control. “Primero se pagaba y luego se comprobaba”, es la crítica que se ha repetido en los últimos meses respecto a la etapa anterior.
Por su parte, representantes de los antiguos socios de gobierno de Armengol han defendido que algunos pagos indebidos forman parte de la “gestión normal” de este tipo de prestaciones, aunque admiten la necesidad de mejorar los controles.
La oposición, especialmente VOX, ha sido especialmente crítica y ha exigido responsabilidades políticas a la expresidenta Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados. La formación ha vinculado estas irregularidades a una supuesta cultura de “paguitas” sin supervisión adecuada.
El Gobierno de Prohens ha asegurado que mantendrá la prestación, pero con controles más estrictos, transparencia y mecanismos ágiles para recuperar los pagos indebidos. La Consejería de Familias y Bienestar Social trabaja ya en la regularización de los expedientes y en el refuerzo de los sistemas de verificación para evitar que se repitan casos similares en el futuro.
Este caso se suma a otras auditorías realizadas por el actual Ejecutivo sobre contratos y gastos de la etapa Armengol, especialmente en el ámbito sanitario durante la pandemia. La reclamación de los más de 4 millones de euros representa un paso concreto hacia la recuperación del dinero público y el restablecimiento de la legalidad en la gestión de las ayudas sociales en Baleares.
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