España ha dejado de ser una economía de mercado para convertirse en un inmenso sistema de extracción de rentas donde el sector privado, cada vez más asfixiado, sostiene una estructura elefantiásica diseñada para la supervivencia política del gobernante de turno. La «bola de nieve» del empleo público ya no es una cuestión de eficiencia administrativa; es una estrategia de ingeniería social.
Bajo el mandato de Pedro Sánchez, las administraciones han acelerado una maquinaria de contratación que ha marcado un nuevo récord histórico: 3,7 millones de nóminas públicas. No estamos ante un refuerzo de los servicios esenciales, sino ante la consolidación de la «España del funcionario fidelizado», una red de estómagos agradecidos que garantiza el voto y la permanencia en el poder.
Las cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA) son el acta de defunción de la racionalidad económica. En apenas doce meses, el sector público ha engordado en 163.400 personas. Mientras el empleo privado apenas balbucea con un crecimiento del 2%, el empleo público se dispara por encima del 4,7%, más del doble.
Este crecimiento hipertrófico genera un gasto presupuestario que este año superará los 190.000 millones de euros, una cifra mareante que sale directamente de los pulmones de autónomos y empresas que luchan por no cerrar.
¿Cuál es el sentido de este crecimiento? En un contexto de digitalización masiva e inteligencia artificial, la lógica dictaría una reducción del aparato burocrático. Sin embargo, en la España de Sánchez, la modernización sirve para comprar más ordenadores, pero no para reducir el personal. Al contrario, se utiliza la administración como una agencia de colocación masiva.
Es la creación de una clientela electoral cautiva: personas que saben que su bienestar no depende de su productividad, sino de que el partido que les dio el puesto siga en la Moncloa o en la Consejería de turno.
El puzzle del sector público español está compuesto por más de 19.000 entes, muchos de los cuales no son más que «chiringuitos» diseñados para alojar a la casta política y sus satélites. Tenemos 22 ministerios en el Estado, más de 150 consejerías en las comunidades autónomas y una selva de empresas públicas, fundaciones y observatorios que no producen absolutamente nada más que informes superfluos y sueldos para los amigos del poder.
Estos organismos son el refugio de los parásitos de la política. Se nutren de personal laboral y asesores a dedo que engordan las listas antes de las elecciones —por si se pierde el poder— y se multiplican después de los comicios para acomodar a los nuevos «fichajes».
Es un ciclo vicioso donde los que llegan nunca echan a los que estaban, acumulando capas de burocracia improductiva que hoy nos cuesta un 23,5% más de funcionarios que al inicio de la crisis de 2007, mientras el sector privado apenas ha crecido un tercio de esa cifra.
Uno de los mayores engaños de la democracia española ha sido el proceso de transferencias a las autonomías. Se nos prometió que, al pasar las competencias a las regiones, la Administración Central se reduciría. La realidad es una estafa: el Estado ha cedido más de 200 competencias, incluyendo Sanidad y Educación, pero tiene hoy más empleados que en 2001. Las CCAA, por su parte, han pasado de 850.000 efectivos a más de 2,1 millones.
Es la duplicidad elevada a la enésima potencia. Tenemos un funcionario por cada 13 ciudadanos, una ratio insostenible que evidencia que la administración ya no sirve al ciudadano, sino que el ciudadano vive para alimentar a la administración.
En los peores años de la recesión, cuando el sector privado perdía millones de empleos, las plantillas públicas aumentaron en medio millón de personas. El sector público es una casta blindada ante la realidad; las crisis nunca les afectan, solo sirven para que el Estado pida más deuda y suba más impuestos para pagar sus nóminas.
No es casualidad que el empleo público crezca de forma exponencial bajo este Gobierno. Pedro Sánchez ha entendido que la mejor forma de ganar elecciones no es gestionando bien, sino haciendo que el máximo número posible de ciudadanos dependa de una nómina firmada por él. Al convertir a uno de cada seis trabajadores en empleado público, el Gobierno crea un escudo humano contra cualquier intento de reforma o cambio político.
A esto se suma la trampa estadística de los fijos discontinuos y los contratos a tiempo parcial en el sector privado, figuras que el Gobierno usa para maquillar la precariedad de los que pagan, mientras oculta que la única estabilidad real y de calidad en España hoy solo existe para aquellos que han conseguido entrar en la órbita del presupuesto público. Las nóminas públicas han crecido un 43% en 24 años, muy por encima de un sector privado que soporta condiciones laborales mucho más duras y sueldos significativamente más bajos.
España necesita una reforma integral que priorice los servicios reales (médicos, policías, jueces) y elimine de un plumazo los miles de organismos operativos que solo sirven para el autobombo político. Sin embargo, ¿Qué político va a desmantelar la red que le garantiza el poder? La «bola de nieve» sigue creciendo, alimentada por una deuda pública que ya es asfixiante.
Estamos ante un modelo de sociedad subsidiada donde se castiga el mérito, el esfuerzo y el riesgo empresarial, y se premia la obediencia y la cercanía al poder. La España del funcionario es el sueño de la casta política y la pesadilla de las generaciones futuras, que heredarán una factura impagable de pensiones y nóminas públicas de una administración que dejó de ser útil hace mucho tiempo.
Si la tendencia continúa, llegaremos a un punto de no retorno donde no habrá suficientes trabajadores privados para pagar la fiesta de los empleados públicos. El crecimiento del 4,7% en la ocupación administrativa frente al agotamiento de la economía real es el último aviso.
Pedro Sánchez está blindando su futuro político a costa de quebrar el futuro económico de España, creando una sociedad de siervos del Estado liderada por una casta que ha convertido la gestión pública en su cortijo particular.
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