Impacto España Noticias
La imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es el último de varios casos de presunta corrupción que salpican al partido socialista (PSOE), incluidas personas que formaron parte del Gobierno actual y miembros de la familia del presidente Pedro Sánchez.
Este martes, Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer expresidente del Gobierno de la democracia española en ser imputado. Su caso se suma a otros abiertos que afectan al entorno del Ejecutivo.
El expresidente Zapatero está siendo investigado en el marco del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.
El 19 de mayo de 2026, un juez de la Audiencia Nacional lo imputó por los delitos de presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en una investigación que indaga supuestos cobros de comisiones ilegales vinculados a ese préstamo dado a Plus Ultra.
Según el juez, existirían indicios de que es el «líder» de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias para obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra.
La investigación también analiza un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el destino de los fondos del rescate.
El magistrado ha cifrado en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habrían recibido Zapatero y su entorno, incluida la empresa de sus hijas, a través de distintas sociedades.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos, que fue mano derecha de Sánchez en el PSOE, es investigado en el denominado caso Koldo por la existencia de indicios de su presunto papel principal en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos, especialmente de mascarillas durante la pandemia.
El Tribunal Supremo aprecia indicios de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Según los autos judiciales, pudo aprovecharse de su condición de ministro para favorecer adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama a cambio de beneficios económicos.
Entre los indicios figuran el presunto pago del alquiler de una vivienda en Madrid para su expareja, el alquiler con opción a compra de un chalet y otras supuestas contraprestaciones económicas.
También se investiga su posible intervención en adjudicaciones de contratos de material sanitario y en otras actuaciones vinculadas a la trama.
La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada judicialmente desde abril de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato vinculado a Manos Limpias. La Fiscalía ha solicitado repetidamente el archivo de este caso.
El juez Juan Carlos Peinado indaga si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, lo que encajaría en delitos de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Además, la investigación se ha ampliado a su actividad al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en particular por la creación y registro de un software desarrollado en ese marco, por posibles delitos de apropiación indebida e intrusismo.
También se investiga un delito de presunta malversación relacionado con el nombramiento y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para determinar si pudo haber un uso indebido de recursos públicos en beneficio de actividades privadas.
El hermano de Sánchez, David Sánchez, es investigado por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz (oeste de España), donde ocupó el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y posteriormente cargos vinculados a Artes Escénicas.
La investigación judicial, iniciada tras una denuncia también de Manos Limpias, analiza si en la creación y adjudicación de esa plaza pudieron cometerse delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, concretamente si el puesto pudo haberse creado específicamente para él. La Fiscalía ha solicitado el archivo de este caso.
En diciembre de 2025 fue detenida -y puesta luego en libertad condicional- la exmilitante del PSOE Leire Díez en el marco de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos vinculados a empresas públicas.
Además, el PSOE ha tenido que lidiar con diversas denuncias de acoso sexual y comportamientos machistas entre sus filas, tanto del Gobierno como en alcaldías y gobiernos regionales.
El caso más destacado es el del exasesor de Presidencia Paco Salazar, después de que dos militantes socialistas denunciaran un ambiente laboral “irrespirable”, con lenguaje hipersexualizado y comportamientos como simular felaciones o mostrarse con la bragueta bajada.
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