Impacto España Noticias
El auditor de Plus Ultra Líneas Aéreas, Jesús Ángel Carbajo, confirmó en el Senado que la contabilidad de la aerolínea reflejaba el pago de más de medio millón de euros a una sociedad vinculada a la supuesta trama investigada por la Audiencia Nacional alrededor del rescate público de 53 millones concedido durante la pandemia.
La operación, según detalló durante su comparecencia, correspondía a una comisión del 1% asociada al préstamo estatal aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El auditor realizó estas declaraciones ante la comisión de investigación del Senado que analiza la gestión de los rescates públicos otorgados por la SEPI a empresas estratégicas durante la crisis sanitaria. Allí fue interrogado sobre los movimientos financieros detectados por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco del denominado caso Plus Ultra.
La cantidad coincide con el 1% de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a Plus Ultra en marzo de 2021 a través del fondo de rescate para empresas estratégicas gestionado por la SEPI.
La investigación judicial sitúa a Idella Consulenza Strategica dentro de la presunta red empresarial y financiera bajo sospecha. Según el auto del magistrado José Luis Calama, la sociedad habría sido utilizada como vehículo de intermediación dentro de una estructura que, supuestamente, cobraba comisiones por realizar gestiones e influencias en favor de determinadas compañías.
El juez sostiene además que Zapatero habría ocupado un papel central dentro de esa organización. En sus resoluciones, Calama describe al expresidente socialista como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” dedicada al tráfico de influencias y a la obtención de beneficios económicos mediante operaciones societarias y financieras opacas.
La resolución judicial apunta igualmente a la creación de una sociedad offshore en Dubái denominada Landside Dubai FZCO, participada íntegramente por Idella Consulenza Strategica. Según la investigación, esa mercantil firmó posteriormente un contrato con Plus Ultra para percibir la citada comisión vinculada al rescate público.
El auditor también reveló durante su comparecencia que llegó a ver documentación relacionada con Análisis Relevante, empresa vinculada al empresario Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y uno de los nombres que aparecen en el sumario judicial. Carbajo confirmó así que existieron operaciones económicas relacionadas con esa sociedad.
La comparecencia parlamentaria se produjo apenas un día después de la imputación formal de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional dentro de la causa que investiga el rescate de Plus Ultra. Pese a ello, el auditor aseguró no conocer todavía el contenido íntegro del auto judicial dictado por el magistrado Calama.
En su declaración, Carbajo también reconoció las dificultades financieras que atravesaba Plus Ultra antes incluso de la pandemia. El auditor admitió que la compañía ya tenía problemas de liquidez dos años antes de la crisis sanitaria, aunque evitó pronunciarse sobre si esa situación podía entrar en conflicto con los requisitos exigidos por la normativa europea para acceder posteriormente a ayudas públicas.
Otro de los puntos relevantes de la comparecencia afectó a la estructura accionarial de la aerolínea. El auditor aseguró que sí conocía quiénes eran los accionistas de Plus Ultra y explicó que durante los últimos años se habían producido distintos cambios en la composición societaria de la compañía.
En ese contexto, mostró además sus dudas acerca de que la entonces presidenta de la SEPI, Belén Gualda, desconociera esas modificaciones accionariales durante el proceso de concesión del rescate.
Las declaraciones del auditor refuerzan así varias de las líneas de investigación abiertas por la Audiencia Nacional sobre el destino final de parte de los fondos públicos concedidos a Plus Ultra y sobre la supuesta existencia de una red de intermediación empresarial y política alrededor del rescate.
La causa judicial analiza actualmente operaciones financieras internacionales, sociedades radicadas en el extranjero y posibles conexiones entre empresarios vinculados a la aerolínea y personas próximas al entorno político de Zapatero. El juez investiga si parte de las estructuras societarias detectadas se utilizaron para canalizar pagos, ocultar movimientos de dinero o justificar determinadas transferencias relacionadas con el rescate público.
Mientras tanto, el denominado caso Plus Ultra continúa escalando tanto en el plano judicial como en el político, con la gestión de los 53 millones concedidos por la SEPI cada vez más cuestionada y con el foco colocado ya directamente sobre el entorno del expresidente socialista.
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