Más que evidente es la crisis de vivienda que atraviesa España, crisis ante la que tendría que actuar el Gobierno, pero el problema es ese, su actuación: topes de precios que retiran viviendas del mercado, protección al okupa y anunciar una y otra vez construcciones que nunca llegan.
Parece que el Pleno del Congreso se ha cansado y recientemente admitió a trámite la proposición de ley de vivienda del PP, y esta misma semana se ha repetido la fórmula. Con el apoyo de Vox, UPN y CC y la abstención de Junts y PNV, la proposición de ley del PP contra la ocupación ilegal de inmuebles ha superado su primera votación en el Pleno del Congreso.
Los votos en contra han sido por parte del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG y Compromís. ¿Argumento? Los populares magnifican el problema y solo quieren legislar en favor de bancos, fondos buitre y grandes tenedores. Recuerden, la okupación es un bulo.
Ahora se abre plazo de enmiendas, y ahí es donde PSOE y Sumar harán lo mismo de siempre, al contar con mayoría en la Mesa del Congreso, frenarán a base de prórrogas la tramitación. Es más, el Senado ya envió hace años una ley similar del PP, que está paralizada con esta jugada.
Durante la defensa de la proposición de ley, el diputado Sergio Sayas ha defendido que la okupación ha crecido «de manera exponencial» en España y que el Gobierno «se está poniendo del lado de los delincuentes», por lo que ha defendido aumentar las penas también para «las mafias que los organizan y que los alientan», impedir el empadronamiento y evitar que las víctimas tengan que seguir pagando el agua, la luz y el gas de los usurpadores.
En el lado contraria, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que directamente ha hecho un llamamiento al delito, sí, siendo diputada: si una familia no tiene dónde ponerse a cubierto, «hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro».
La proposición de ley del PP plantea agilizar los desalojos en menos de 24 horas, impedir el empadronamiento de okupas y poder cortarles los suministros. Además, propone separar los conceptos de morada de las situaciones de ocupación ilegal para impedir que el usurpador pueda ser protegido frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes.
Asimismo, los populares pretenden la reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, una vez iniciado un procedimiento por ocupación ilegal, el juez pueda ordenar a la Policía Judicial que requiera a los ocupantes para desalojar voluntariamente en un plazo máximo de 24 horas o acreditar un título jurídico legítimo. De no hacerlo, el juez podrá ordenar el desalojo inmediato.
También prevé aumentos de penas: de uno a tres años para la ocupación con violencia o intimidación y sanciones agravadas si la ocupación dura más de quince días o intervienen grupos organizados.
Entre otros puntos, el texto reconoce que, en el plazo de dos meses desde la aprobación de la ley, el Gobierno modifique la legislación tributaria con el fin de reconocer a los propietarios, una vez haya resolución judicial, la devolución de las cantidades de IBI e Impuesto sobre el Patrimonio durante el periodo de ocupación.
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