José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido mordidas de millones de euros mientras se beneficiaba de un costoso entramado de fondos y servicios públicos como expresidente del Gobierno. Junto a sus socios y presuntos testaferros, podría haber acumulado hasta 15 millones de euros, parte de ellos en bitcoins y oro, según fuentes de la investigación de la Audiencia Nacional.
El Real Decreto 405/1992, aprobado durante el gobierno de Felipe González, garantiza a los expresidentes un salario vitalicio cercano a los 100.000 euros anuales, además de asistentes personales, despacho, vehículos oficiales con conductor, escoltas y libre pase en transportes del Estado.
Según cálculos de un experto en Hacienda, solo en diez años el coste para las arcas públicas superaría los diez millones de euros, incluyendo salarios de colaboradores, gastos de oficina y desplazamientos internacionales, especialmente a Venezuela.
La investigación del juez José Luis Calama sitúa a Zapatero en el centro de una trama de corrupción relacionada con el caso Plus Ultra. Su secretaria, Gertrudis Alcázar, tendría un papel clave. Las pesquisas apuntan que el expresidente usó supuestamente contactos con el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez para obtener comisiones, al tiempo que mantenía su imagen de mediador internacional.
En su última declaración de bienes como presidente, Zapatero declaró un patrimonio de apenas 209.000 euros. Hoy se estima que sus bienes rondarían entre 4 y 6 millones de euros, lo que ha despertado las sospechas de los investigadores sobre el origen de su fortuna.
La información también pone el foco en el Gobierno de Pedro Sánchez. Varios ministros aprobaron el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea vinculada al chavismo, en un momento en el que Zapatero supuestamente intermediaba. La UDEF ha documentado pagos y conexiones que complican el panorama político.
Si el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha colocado a Zapatero y sus socios en el chiquero de una organización criminal, la larga sombra de la corrupción también avanza hacia el Consejo de Ministros de Sánchez. El Gobierno en pleno facilitó y aprobó el rescate de Plus Ultra cuando María Jesús Montero era ministra de Hacienda. Es poco probable que los entonces miembros del Gobierno desconocieran que Zapatero lideraba las gestiones para obtener el rescate de la línea aérea venezolana, como corroboran las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
El diligente trabajo de sus agentes ha servido para que la ciudadanía recupere el respeto hacia este departamento policial de la Comisaría General de Policía Judicial, que ha reconquistado su prestigio. Paradójicamente, sus agentes, el éxito de las investigaciones no se produjo gracias a las instrucciones de su jefe, Fernando Alonso, que llegó a la Unidad con instrucciones de no «meterse en temas políticos».
Las órdenes partían del despacho del mismísimo ministro Fernando Grande-Marlaska. Afortunadamente, en España los magistrados de la Audiencia Nacional, como sucede con el juez Calama, poseen suficiente independencia para desarrollar sus investigaciones sin interferencias de la cúpula político-policial.
Los agentes trabajan bajo sus órdenes y se juegan sus carreras si filtran sus diligencias a los mandos ministeriales mientras el sumario permanece secreto. Un pequeño grupo de policías ha actuado como héroes ante la mirada inquisitiva de Grande-Marlaska. Y, como destaca alguno de ellos: «Y eso que era juez».
El rescate de Plus Ultra no solo se debió a una decisión de los ministros socialistas, sino también al apoyo de quienes representaban la cuota de poder de Podemos. Cuando se aprobó el crédito gubernamental, el 9 de marzo de 2021, se sentaban en la mesa del Gabinete de la segunda legislatura sanchista varios dirigentes morados: Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo; Yolanda Díaz, Irene Montero, Alberto Garzón y el pensador Manuel Castells.
Esta exclusiva reabre el debate sobre los privilegios de los expresidentes y la necesidad de mayor transparencia y control en el uso de recursos públicos. La Audiencia Nacional continúa las investigaciones, que podrían tener consecuencias políticas de gran calado.
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