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Pedro Sánchez, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), destinó en 2025 alrededor de 4.500 millones de euros a cooperación internacional, una cifra que ha generado debate político por su magnitud y su gestión.
Según el exdiputado Pablo Cambronero, este volumen de fondos públicos equivale a aproximadamente 12,3 millones de euros diarios, lo que supone más de 513.000 euros cada hora destinados a políticas de cooperación fuera de España.
Cambronero ha calificado estas cifras como un “gasto desproporcionado” y ha puesto el foco en el destino final de las ayudas. En su opinión, una parte significativa de estos recursos termina en organismos y entidades internacionales cuya transparencia resulta, a su juicio, insuficiente.
El exdiputado cuestiona no solo la cantidad de dinero movilizado, sino también la dificultad para conocer con exactitud qué entidades reciben los fondos, bajo qué criterios se asignan y qué mecanismos de control se aplican posteriormente.
La AECID es el organismo público encargado de gestionar la cooperación española en materia de desarrollo sostenible, acción humanitaria y educación para la ciudadanía global.
Sin embargo, críticos como Cambronero sostienen que el sistema actual no garantiza una fiscalización completamente transparente del destino final de todos los recursos enviados al exterior, especialmente cuando se manejan cifras de gran magnitud.
El análisis del exdiputado ha puesto el foco en la dimensión temporal del gasto público. Al dividir los 4.500 millones anuales entre los días del año, el resultado supera los 12 millones diarios. Si se prorratea por horas, la cifra rebasa los medio millón de euros cada hora.
Este cálculo se utiliza para ilustrar la magnitud del gasto, equiparándolo a inversiones significativas que se realizan de forma continua a lo largo del año.
Cambronero también ha vinculado estas cifras con la situación económica interna de España, señalando la presión fiscal sobre los contribuyentes y las dificultades en áreas como vivienda, sanidad, dependencia o infraestructuras.
Desde su perspectiva, el Gobierno prioriza el gasto exterior mientras persisten necesidades estructurales dentro del país.
El exdiputado critica además que este tipo de partidas se presenten como políticas consolidadas sin un debate público suficiente sobre su eficacia, control y resultados.
Según su análisis, no se trata de ayudas puntuales, sino de un volumen de inversión elevado que requiere mayor supervisión y transparencia para garantizar su correcta gestión.
En los últimos años, la cooperación española ha incrementado su peso presupuestario. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado que la AECID ha duplicado su presupuesto en dos ejercicios, situándose en torno a los 700 millones de euros, su nivel más alto desde 2011.
Además, la Ayuda Oficial al Desarrollo ha aumentado su peso respecto a la Renta Nacional Bruta, reforzando el compromiso internacional de España en este ámbito.
El Gobierno defiende que estas inversiones forman parte de sus compromisos internacionales y de su estrategia de desarrollo global sostenible.
Sin embargo, voces críticas como la de Cambronero consideran que el volumen de gasto exige una mayor rendición de cuentas, especialmente en lo relativo a los beneficiarios finales y la evaluación de resultados.
La discusión no se limita al importe total, sino al modelo de gestión de la cooperación internacional. La cuestión principal planteada es si el Estado puede justificar un gasto superior a medio millón de euros por hora en el exterior sin detallar con suficiente precisión el destino final de esos fondos.
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