La velocidad de crucero con la que se degradan las instituciones en España es de tal magnitud que después de todo lo que hemos visto en las últimos tiempos, no es descartable absolutamente nada, incluida una salida que hasta hace poco parecía de política ficción: la huida del presidente del Gobierno para eludir la acción de la justicia.
La política española ya no se rige por los manuales clásicos de la resistencia parlamentaria, sino por las dinámicas del acorralamiento judicial y la desesperada búsqueda de impunidad. En este escenario de descomposición sistémica, el espejo de la historia europea emerge con una nitidez aterradora, proyectando sobre el actual jefe del Ejecutivo la sombra de Bettino Craxi, el todopoderoso líder socialista italiano cuyo régimen se hundió en los noventa y cuya biografía política quedó marcada para siempre por un hito infame: su fuga a Túnez.
La analogía ya no es un simple recurso retórico de la oposición; es un diagnóstico preciso de un final de ciclo. Pedro Sánchez puede ser, en toda regla, el Bettino Craxi español, no solo por cómo ha ejercido el poder, sino por cómo podría verse obligado a abandonarlo.
Para comprender por qué la opción de la huida no es una exageración, es necesario analizar el sanchismo como una maquinaria fría. Es un algoritmo de supervivencia que imita la adaptabilidad de una inteligencia artificial. Este sistema no opera con principios éticos o morales, sino con cálculo de riesgos puros. Al igual que una red neuronal optimiza sus procesos para evitar el colapso, el entorno de la Moncloa evalúa constantemente los escenarios de vulnerabilidad judicial.
Cuando los cortafuegos legales y políticos empiezan a fallar de forma simultánea, la «resistencia» deja de ser una estrategia viable y se transforma en un peligro para la libertad del líder. Una inteligencia artificial política, desprovista del freno de dichos principios éticos , del honor o del arraigo institucional, no duda en recalcular la ruta.
Si el sistema detecta que el blindaje del Estado español ya no es suficiente para contener los sumarios que acechan a su núcleo más íntimo y a su propia gestión, la activación de un plan de salida internacional pasa de ser una hipótesis remota a convertirse en la decisión lógica y fría de un superviviente.
Si algo caracterizó la era de Bettino Craxi en Italia fue la colonización integral del aparato estatal para garantizar su impunidad. El «craxismo» construyó un sistema especializado de control sobre tribunales, medios y empresas públicas. Sin embargo, cuando los jueces del proceso Mani Pulite (Manos Limpias) tiraron del hilo conductor de la corrupción estructural (Tangentopoli), ese blindaje saltó por los aires.
En España, el sanchismo ha ejecutado un asalto institucional sin precedentes históricos: La Fiscalía General del Estado: Convertida en un escudo defensivo del presidente, erosionando la separación de poderes; El Tribunal Constitucional y el CIS: Organismos técnicos transformados en herramientas de ingeniería política y propaganda; Indultos y amnistías a la carta: Leyes diseñadas específicamente para comprar impunidad parlamentaria.
A pesar de este despliegue de control absoluto, las últimas semanas han demostrado que el escudo judicial del sanchismo tiene grietas insalvables. Cuando los jueces independientes resisten la presión gubernamental y los sumarios avanzan de manera inexorable, la estructura colapsa. Craxi descubrió demasiado tarde que el control del Estado no es eterno; Sánchez está aprendiendo que los contrapesos, aunque debilitados, aún pueden cercar a un presidente.
Bettino Craxi pasó sus últimos años justificando su fuga como un «exilio político», construyendo un relato donde los jueces que investigaban sus mordidas eran presentados como una inquisición o una conspiración partidista. Pedro Sánchez utiliza hoy modelos de lenguaje político idénticos, basados en la inversión semántica y la polarización extrema.
El lenguaje del sanchismo prepara el terreno para la victimización. Cuando la corrupción toca a su puerta, el discurso oficial activa mecánicamente conceptos como «máquina del fango», «persecución judicial», «law fare», e incluso, «golpe de Estado togado».
Este lenguaje no busca defender la inocencia con pruebas, sino asentar en la opinión pública la idea de que cualquier acción de la justicia contra el presidente es ilegítima. Al identificar su persona con la democracia misma, Sánchez construye la coartada perfecta para una futura espantada: si se ve obligado a marcharse de España, sus altavoces mediáticos no hablarán de un prófugo de la justicia, sino de un «presidente legítimo exiliado por el lawfare de la derecha».
El núcleo central de este paralelismo histórico se encuentra en el desenlace geográfico y penal. En 1994, acorralado por múltiples órdenes de detención y repudiado por una ciudadanía enfurecida que le arrojaba monedas a las puertas del Hotel Raphael de Roma, Bettino Craxi huyó de Italia para refugiarse en su lujosa villa de Hammamet, en Túnez. Allí murió años después, siendo un prófugo de la justicia de su propio país, protegido por un régimen extranjero para evitar la cárcel.
Hoy, la posibilidad de que Pedro Sánchez termine emulando la huida de Craxi es un escenario real sobre el tablero. Con un entorno político internacional donde ciertos gobiernos afines ofrecen refugio discursivo y logístico frente a las democracias occidentales, el camino hacia un «Hammamet español» está pavimentado.
Un líder que ha supeditado la soberanía de su nación y la igualdad de los ciudadanos ante la ley a su mera permanencia en el poder, no dudará en cruzar la frontera si los tribunales dictaminan que su tiempo de impunidad ha terminado.
Después de todo lo que hemos visto en las últimas semanas, no es descartable absolutamente nada. El sanchismo ha entrado en una fase terminal donde la línea entre gobernar y huir se vuelve peligrosamente delgada.
Pedro Sánchez se enfrenta al espejo de la historia: puede aceptar el veredicto de la justicia y de las urnas en España, o puede firmar el mismo epitafio político de ignominia que Craxi, convirtiéndose en el primer presidente de la democracia moderna española en buscar la salvación personal en el extranjero, prófugo de las leyes que juró defender.
Una huida que sería injusto. Lo justo sería que rindiese cuentas ante la justicia.
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