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Más Madrid ha solicitado que se prohíba y se establezcan sanciones contra aquellos que se dediquen dentro de los trenes y las instalaciones de Metro de Madrid al "proselitismo religioso, la predicación o la evangelización".
Así figura en la Proposición No de Ley en la que la formación regionalista advierte de que en los últimos tiempos han proliferado las actividades organizadas dentro del suburbano en las que de difunden verbalmente "mensajes de carácter religioso" dirigidos al conjunto de viajeros.
"Si bien la libertad religiosa y de expresión son derechos fundamentales, su ejercicio en el espacio público debe modularse cuando colisiona con el derecho a la intimidad y al descanso en el interior de un habitáculo cerrado y en movimiento", sostiene Más Madrid, que apunta que los viajeros están en una situación de "cautividad temporal". Es por ello que han puesto el foco en el Reglamento de Viajeros de Ferrocarril Metropolitano de Madrid de 1987 en el que no se refiere a las actividades de "difusión religiosa no autorizada".
Pide Más Madrid que se incluya en este Reglamento que el transporte público es un espacio de uso funcional y no evangelizador y que la regulación "será neutral respecto al contenido de los mensajes, aplicándose con independencia de su carácter religioso".
Así, buscarán el consenso de la Asamblea de Madrid para reclamar al Gobierno regional que incluya de forma expresa un apartado que regule la prohibición y tipifique como infracción el ejercicio de cualquier actividad de proselitismo religioso, predicación o evangelización activa dirigida a los usuarios y usuarias tanto en el interior de los trenes como en las instalaciones, andenes y vestíbulos de la red de Metro de Madrid.
La formación plantea también la necesidad de desarrollar protocolos de actuación claros para el personal con el objetivo de que puedan identificar las conductas, actuar de forma proporcionada y respetuosa y garantizar la seguridad jurídica en la intervención.
Consideran, además, que deberían impulsarse campañas informativas dirigidas a los usuarios sobre sus derechos en el transporte público y las normas de convivencia del mismo. Por último, piden evaluar periódicamente el impacto de estas medidas en la calidad del servicio y en la percepción de bienestar de los viajeros.
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