En un golpe político sin precedentes, las comunidades autónomas han cerrado filas contra la ministra de Sanidad, Mónica García, y le han exigido “reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo” para poner fin a la huelga de médicos que mantiene en vilo al sistema sanitario nacional.
Durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrada este miércoles, 16 autonomías (todas excepto Cataluña) presentaron un documento conjunto en el que responsabilizan directamente al Ministerio de Sanidad del mantenimiento del conflicto. Los consejeros autonómicos insisten en que el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Gobierno central.
“La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales, no cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas”, declaró Alberto Martínez, consejero de Salud del País Vasco y portavoz de las autonomías firmantes.
Las autonomías reconocen que, aunque la raíz del problema es estatal, son ellas las que están sufriendo las consecuencias organizativas y asistenciales de la huelga. “La aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha supuesto el cierre del conflicto”, advierten en el documento, ya que la persistencia de la convocatoria de huelga demuestra la ausencia de consenso con el colectivo médico.
El texto destaca cinco puntos clave: la responsabilidad exclusiva del Ministerio, el impacto en la asistencia autonómica, la insuficiencia de las medidas adoptadas, la necesidad de medidas estructurales ante el déficit de profesionales, el envejecimiento de la población y el aumento de jubilaciones, y el compromiso de las CCAA con la calidad asistencial.
Minutos antes de la reunión, Mónica García había defendido que su departamento “ha hecho su trabajo” al incorporar todas las medidas de ámbito estatal y ha señalado que ahora corresponde a las autonomías adoptar compromisos para resolver las demandas pendientes.
El conflicto, que se arrastra desde hace meses, ha puesto en evidencia las profundas grietas entre el Ministerio de Mónica García y los gobiernos autonómicos. Los médicos mantienen su rechazo al Estatuto Marco, al que consideran insuficiente para mejorar sus condiciones laborales y retributivas, y denuncian la falta de negociación real.
Las comunidades autónomas urgen al Ministerio a impulsar “medidas estructurales y sostenidas en el tiempo” que permitan reforzar la disponibilidad de profesionales sanitarios, un problema crónico del Sistema Nacional de Salud.
Mientras tanto, la huelga continúa y genera importantes disrupciones en la atención primaria y especializada en buena parte del territorio nacional. Los pacientes son los principales damnificados de un pulso político que, lejos de resolverse, se ha endurecido tras el posicionamiento unánime de las autonomías.
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