El Gobierno de P.S. ha dado un paso definitivo en su estrategia de control institucional del voto electoral al acelerar de forma descarada la concesión del derecho a voto a cientos de miles de ciudadanos extranjeros.
Utilizando como parapeto la nefasta y autodenominada Ley de Memoria Democrática —conocida popularmente como la «Ley de Nietos»—, el Ejecutivo socialista ha puesto en marcha una maquinaria de ingeniería electoral sin precedentes con objeto de consolidar un posible fraude «gota a gota».
Consulados estratégicos, con el de Buenos Aires a la cabeza por acumular el mayor volumen de expedientes del mundo, ya trabajan a marchas por la implementación de un nuevo sistema informático y burocrático. Este mecanismo, permitirá el registro inmediato y automático en la matrícula consular en el mismo instante en que se concede la nacionalidad, traduciéndose de facto en la obtención instantánea del derecho al sufragio político.
Esta maniobra supone la inscripción automática y sin filtros tradicionales en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), un registro cuyo peso específico es capaz de inclinar la balanza en numerosas provincias españolas durante unas elecciones generales. La eliminación deliberada de las comprobaciones exhaustivas y de las trabas administrativas que históricamente protegían la pureza del censo no es una medida de gracia ni de eficiencia administrativa; es la consumación de un fraude gota a gota.
Un goteo incesante de nuevos electores que jamás han pisado suelo español, que no tributan en España y que carecen de un arraigo real con los problemas cotidianos de la nación, pero cuyo voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier ciudadano residente en la península.
El pelotón de los 61 sicarios mediáticos de P.S.: La confesión que destapa las cloacas del sanchismoLos datos oficiales actualizados destapan la magnitud de esta operación de ingeniería política. Nada menos que 2,4 millones de personas en todo el mundo han solicitado ya la nacionalidad española al amparo de esta legislación laxa que entró en vigor en octubre de 2022. Las oficinas consulares tramitan en la actualidad un volumen ingente de 1,2 millones de expedientes simultáneos, de los cuales ya se han aprobado de forma exprés 545.000 y se han practicado formalmente 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular.
La verdadera intencionalidad del gobierno de P.S. queda al descubierto al observar la urgencia por agilizar el último trámite del alta de matrícula. El plan gubernamental consiste en fusionar la concesión de la ciudadanía con la inscripción electoral automática, erradicando el periodo de carencia o la necesidad de que el interesado se desplace o manifieste una voluntad explícita de participar en la política nacional. Este procedimiento ultraveloz se aplicará de forma sistemática a todas las personas que adquieran la condición de españoles a partir de este momento, alterando el tablero electoral de cara al futuro.
Para sostener este asalto al censo sin que las costuras del sistema administrativo colapsen, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado un despliegue de recursos públicos que contrasta con la precariedad y el abandono que sufren otros servicios públicos esenciales dentro de las fronteras nacionales. Por un lado, se ha ejecutado un refuerzo masivo de personal desde la aprobación de la ley, incorporando a las oficinas consulares a 2.000 nuevos trabajadores dedicados casi en exclusiva a tramitar estas nacionalizaciones masivas.
Por otro lado, para el presente ejercicio está planificada la inyección de otros 657 efectivos adicionales destinados de forma prioritaria a la atención consular y la creación exprés de tres plazas de cónsules adjuntos en demarcaciones clave de Hispanoamérica.
El descaro clientelar alcanza su cénit con la asignación presupuestaria destapada de 8 millones de euros destinados a financiar una nueva ayuda directa de entre 4.000 y 7.600 euros. Esta partida va dirigida específicamente a españoles en el exterior que se encuentren en supuesta vulnerabilidad económica y deseen regresar, una subvención directa que el sanchismo ha decidido resucitar estratégicamente tras haber permanecido completamente paralizada desde el año 2020.
La rentabilidad electoral de este fraude administrativo ya ha comenzado a ofrecer sus primeros réditos políticos. El PSOE ha emergido como la fuerza más votada en los cuatro últimos comicios autonómicos en el exterior ha resultado a pesar de que en España ha sido barrido por el PP, lo que confirma las peores sospechas de la oposición parlamentaria sobre la burda intencionalidad del Gobierno con la vista puesta en las próximas elecciones generales fijadas para el verano de 2027.
El sector del PSOE Exterior ha operado históricamente con una total falta de neutralidad institucional. En las vísperas de los pasados comicios generales, la entonces responsable de la organización del PSOE en el extranjero y actual secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, mantuvo encuentros abiertos con colectivos de potenciales votantes en Buenos Aires.
En dichos actos, no dudó en instrumentalizar el acceso a la nacionalidad, instándoles de forma directa a votar a las siglas socialistas como contraprestación por el pasaporte recibido. Con consignas agresivas basadas en el miedo, Cancela llegó a afirmar ante el electorado argentino que debían movilizarse porque cada voto era imprescindible para no volver a la «España negra», en una clara y sectaria alusión al Partido Popular y a Vox. Estas declaraciones evidencian que el sanchismo no concibe la nacionalidad como un honor, sino como una fábrica de votantes cautivos.
El gran hito que preparó el terreno para este fraude masivo fue la supresión del sistema de voto rogado. En el año 2008, la participación de los residentes ausentes rozaba el 30%, pero la exigencia de solicitar activamente el voto redujo esa cifra al 10% debido a las garantías de control que exigía. Al eliminar las salvaguardas legales que impedían el fraude y la manipulación de las papeletas en los trayectos postales internacionales, el PSOE ha abierto una autopista para la movilización artificial del sufragio exterior.
La gravedad del asunto aumenta al analizar el perfil de los nuevos beneficiarios. Una instrucción administrativa dictada con total nocturnidad en el año 2022 permitió realizar una interpretación ultra-amplia de la ley, desvinculando la concesión de la nacionalidad de la condición estricta de exiliado político de la Guerra Civil o la dictadura. Gracias a este artificio legal, cualquier descendiente de un emigrante económico de cualquier época puede exigir hoy el pasaporte español y el derecho automático al voto CERA.
Esta devaluación absoluta del concepto de soberanía nacional diluye el poder de decisión de los españoles que residen en el país, pagan sus impuestos, sostienen las pensiones y sufren directamente las leyes de un Ejecutivo que prefiere buscar su flujo de votos a miles de kilómetros de distancia.
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