Impacto España Noticias
Uno de los apuntes más contundentes que la UCO ofrece sobre la relación entre el PSOE y las cloacas figura en la sección del atestado donde define las actuaciones de la trama para neutralizar a la juez Mercedes Alaya por su investigación del caso ERE, incardinado a las más altas estructuras socialistas en Andalucía.
Los agentes, en base a los mensajes y el resto de evidencias incautados, detallan reuniones a las que asistieron Leire Díez y abogados con el propósito de “exterminar socialmente” a la magistrada. Y sostienen que Ferraz “sufragó y dio soporte” a la “actividad delictiva” de la trama investigada por la Justicia.
La UCO recuerda en su informe que Mercedes Alaya no sólo instruía el caso de los ERE en Andalucía —un torpedo a la línea de flotación del PSOE andaluz y, por tanto, del PSOE nacional—; también asumía causas como el caso Isofotón o Aznalcóllar, que también afectaban a la Junta de Andalucía durante la gestión socialista.
Leire Díez y Vicente Fernández defendían que, “además de la muerte procesal, tiene que ser social también”: “Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos [de] que el tumor se extirpe”, detallaba la primera al segundo, una afirmación que la UCO considera una maniobra para que Fernández regresara a la presidencia de la SEPI.
“Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”. Con este propósito, Leire Díez se reunió con abogados en Sevilla, Madrid y Zaragoza. Éste último escenario es clave para entender las conclusiones de la UCO. Porque, en base a los mensajes intervenidos, Leire Díez se puso en contacto en julio de 2024 con Covadonga San Pedro, empleada con funciones administrativas en el PSOE, para solicitarle dos billetes de tren con destino a la capital aragonesa.
“Una vez que Leire facilitó los datos de los viajeros, Covadonga, pocos minutos después, le confirmó que la petición ya había sido efectuada, estando previsto llegar a Zaragoza a las 19:00 horas y volver a las 21:45”, detalla la UCO en su informe.
Como era habitual, Leire Díez informó seguidamente a Vicente Fernández del resultado del encuentro. También habló con Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía e inhabilitado por el Tribunal Supremo en la sentencia del caso de los ERE: “Nos va a dar documentación […]. Cuesta un poco, pero está dispuesto a ayudar”, sostenía Leire Díez. La UCO arroja varias conclusiones a partir de estos mensajes intervenidos. Entre ellas, a partir de los billetes gestionados por Covadonga San Pedro para viajar a Zaragoza, los investigadores hablan de la “instrumentalización de la estructura del partido con el fin de sufragar y dar soporte a la actividad investigada”.
Esta reunión, sostienen los agentes en el informe, no fue un caso puntual. La Audiencia Nacional investiga una presunta trama vinculada al PSOE y ha detectado al menos 39 reuniones entre Leire Díez, conocida como “la fontanera” del partido, y Santos Cerdán, exsecretario de organización e investigado en la causa.
Según el juez Santiago Pedraz, aproximadamente la mitad de esos encuentros tuvieron lugar en la sede socialista de Ferraz. La investigación sostiene que el PSOE habría asumido gastos de transporte y alojamiento de personas relacionadas con la trama para facilitar dichas reuniones.
Entre los hechos señalados por el auto judicial figura el pago de varios desplazamientos de Leire Díez. En una ocasión, tras reunirse con Cerdán en Ferraz el 26 de abril de 2024, Covadonga San Pedro gestionó y envió por WhatsApp la reserva de un vuelo de regreso a su residencia habitual, cuyo coste habría sido sufragado por el PSOE.
El juez considera que este tipo de gestiones se repitió en varias ocasiones y apunta también al pago de viajes de otros investigados. Para aclarar estas circunstancias, la UCO de la Guardia Civil ha recopilado documentación sobre viajes, alojamientos y alquileres de vehículos organizados por el partido.
Gestiones que, a juicio de la UCO, evidencian que el PSOE “sufragó y dio soporte” a la “actividad delictiva” de la trama, conocida popularmente como las cloacas de Ferraz, cuyo propósito final era desestabilizar las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al entorno más directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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