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La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la fontanera Leire Díez contactaron la misma mañana en que se ordenó la apertura de una investigación interna a la Unidad Central Operativa (UCO). Así consta en el último informe de esta unidad remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga las maniobras para sabotear las investigaciones que afectaban al Gobierno.
El informe fechado el pasado jueves hace una revisión de las tres investigaciones de este tipo dirigidas contra la UCO con Mercedes González al frente de la Guardia Civil. La revisión es especialmente prolija en la abierta el 11 de mayo de 2025, tras la publicación de mensajes cruzados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex ministro de Transporte y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Abalos.
La UCO ha detectado dos contactos por whatsapp entre ambas ese mismo domingo a las 9.16h. El primero" resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva", indica el informe. El segundo rastro de la aplicación de mensajería "resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la Directora General de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas".
Las cosas se precipitaron y a las 11.30h el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ya estaba reunido con un general para encomendarle la investigación interna. Pese a que formalmente Llamas figura como quien tomó la decisión, fuentes conocedoras de lo sucedido afirman que se actuó por indicación de Mercedes González.
La UCO resalta en su informe "la excepcionalidad" de que se abrieran tres investigaciones a la UCO entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. Prueba de ello es que la primera de ellas, pese a acordarse a final de año, lleva como numeración 1/2024. Y la tercera, en septiembre del año siguiente, también figura como 1/2025.
La de mayo, en la que más se centra el informe, no llegó a tener número de registro porque fue cercenada por el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Advirtió al general de la Guardia Civil de que, si la ponía en marcha, él abriría una causa penal a su interlocutor y a quienes le hubieran dado la orden. El DAO ordenó el archivo inmediato y no se llegaron a practicar diligencias.
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