Si José Luis Rodríguez Zapatero esperaba salir libre de toda acusación después de su esperada declaración ante el juez, se equivocaba mucho. La consigna, repetida en estos días tanto por el expresidente del Gobierno como por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre las explicaciones que daría al instructor del caso Plus Ultra se ha quedado más que corta.
Fuentes jurídicas no dudan en calificar sus respuestas como "inconsistentes" y aseguran que dejó patente en varios momentos que no decía la verdad. No logró, añaden, convencer de su inocencia al magistrado José Luis Calama. Le espera una larga imputación, concluyen.
Zapatero se limitó a negar y a no recordar y sus explicaciones fueron más bien pocas. Cuando las cuestiones que se le preguntaban se acercaban a zonas sensibles para su futuro procesal, se cerraba en banda. Como mucho apuntó en algunos momentos que se encontraba reuniendo documentación.
Eso, pese a haber contado con un amplio aplazamiento otorgado por el juez y destinado precisamente a preparar su defensa. Lo que dijo en la Audiencia Nacional se parece, sin embargo, demasiado a lo que ya indicó en su declaración pública o en su comparecencia en el Senado.
Su insistencia en que es permanente y que no tuvo relación ninguna con el rescate de Plus Ultra, ni influyó en sentido ninguno, ni conocía el contrato por el que su amigo Julio Martínez recibiría el 1 por ciento, ni sabía de la existencia de sociedades en Dubái, ni hacía negocios cuestionables con Venezuela o China, resultó tan inverosímil que el juez no tuvo más remedio que insinuárselo en el auto dictado tras la comparecencia. Más bien, decírselo a las claras.
El auto asegura que no cabe lugar a duda alguna de que la declaración del investigado "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación". Para que no hubiera posibilidad de equívoco, el magistrado pasó a enumerar cuáles son esas pruebas que no ha desactivado y que van mucho más allá del contenido del teléfono del accionista de la compañía aérea Rodolfo Reyes, que trata de esgrimir como motivo para una nulidad completa.
Las fuentes que apuntan a la comisión de delitos son "diversas y distintas", dice el juez. Destaca el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros que se produjeron el pasado noviembre de la mano de la UDEF y la constancia de que existen transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra.
También la utilización de "múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos". El juez apunta que el expresidente del Gobierno era quien movía los hilos tras el telón para lo que se sirvió de la colaboración de Julio Martínez Martínez, al frente de un complejo entramado societario, y de su secretaria, que actuaba de enlace entre ambos.
Los investigadores sospechan que Gertrudis Alcázar actuaba de correa trasmisora de los deseos y órdenes del exlíder del PSOE coordinando la elaboración de documentación y manteniendo contactos con 'Julito'. Según los agentes, el objetivo era borrar todo rastro de la participación en la sombra del expresidente socialista. Entre estos contactos destacan varios correos electrónicos que apuntan a Zapatero como la persona que dio la orden para la creación de una sociedad off-shore en Dubái.
Además de los indicios que apuntan al presunto cobro de mordidas, destaca también el sorprendente hallazgo en su oficina de piezas de joyería cuyo valor supera 1.300.000 euros, sin que, a día de hoy, "se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera". Las explicaciones suplementarias que prevé dar sobre este extremo han quedado aplazadas. El juez incluso le preguntó que para cuándo podrá tenerlas y el acusado respondió con una previsión difusa, de una semana a diez días.
Además de evidenciar que no tiene manera de justificar las conductas que se le atribuyen, la comparecencia de Zapatero sirvió para desactivar otra consigna más, repetida sin cesar en las pasadas semanas por parte de miembros del PSOE y del Gobierno. Desde el Ejecutivo han asegurado que la operación contra el expresidente es fruto de una conspiración de la judicatura para precipitar la salida de Pedro Sánchez.
Por su parte, el expresidente se ha mostrado especialmente dolido por aquellas personas que confiaron en él y ahora "puede sentirse defraudada", según ha expresado en un comunicado. Zapatero ha reiterado que confía en la Justicia y que está dispuesto a defender su inocencia.
Por ello, dice que ha presentado al tribunal una "autorización universal voluntaria" para que pueda "constatarse la existencia de sociedades" a su nombre, permiso que el juez no necesita para autorizar nuevas pesquisas de investigación.
Pese a la batería de indicios de su contra y de contar con una petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción que reclamó que se le retirara el pasaporte y se le obligaba a comparecer de forma quincenal, el juez no decretó medidas. La tesis del 'lawfare' defendida por algunos sectores de la izquierda casa poco con esta decisión.
El magistrado cree que la "visibilidad pública" del expresidente evita el riesgo de fuga. Destacó en su auto su "notoriedad" y dijo que no aprecia que tenga intenciones evasivas. El broche final a la petición de un acto de fe en la que se convirtió todo el interrogatorio fue el comunicado público del socialista. En él lo pidió a las claras, confianza ciega en su "decencia y honradez" aunque, de momento, le va a costar tiempo "demostrarlo".
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