
Denuncia en la Comisión Europea contra la presidenta del CGPJ por expedientar al juez Peinado
Impacto España Noticias
La Comisión Europea ha recibido una denuncia contra Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por tramitar de forma «exprés» una queja contra el juez Juan Carlos Peinado.
Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Isabel Perelló en la que le acusan de ser «la responsable máxima de una actuación sectaria, partidista y discriminatoria» en la tramitación del inicio de un expediente sancionador contra el juez Juan Carlos Peinado que instruye el Caso Begoña.


La presidenta del Poder Judicial convocó una comparecencia de urgencia el pasado domingo 21 de junio para abordar el asunto. Los vocales fueron citados a las 09:00 horas de este lunes 22 de junio y han acordado remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria la queja contra Peinado por quitarle el pasaporte a Begoña Gómez e incluir en el auto que su propia escolta podía ayudarla a fugarse. Cuatro vocales han mostrado su discrepancia emitiendo un voto particular.
«¿Dónde está la urgencia de ese procedimiento exprés para iniciar un procedimiento sancionador contra el juez? La respuesta no admite dudas, había que crear un clima de que se trata de un juez que no está capacitado para llevar una instrucción donde se le acusa de manera deliberada y dolosa que está instruyendo una causa contra Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno; semejante falsedad y argucia no tiene precedentes», esgrimen los denunciantes.
Promovido por Marlaska
IEN ha podido acceder a la denuncia en la que consideran la reunión de los vocales un hecho insólito, instado y promovido por el Poder Ejecutivo con su brazo ejecutor, el ministro Marlaska, que supone una intimidación sin precedentes en la actuación de un órgano jurisdiccional.
«Se inmoviliza todo el aparato estatal, prensa, radio y televisiones subvencionados y servibles al Ejecutivo para tratar de emponzoñar un proceso que se ha desarrollado con todas las garantías para la esposa del presidente del Gobierno.
A ello, se ha prestado la denunciada con los votos de los magistrados afines a su ideología para incoar por primera vez en la historia del Consejo General del Poder Judicial el inicio de un expediente sancionador contra el juez que está instruyendo la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, de manera exprés y vertiginosa», exponen los denunciantes.
Critican, además, las descalificaciones de miembros del Gobierno que está recibiendo el juez Peinado, así como las querellas que ha recibido por parte de miembros del Ejecutivo para reventar el proceso judicial que se sigue sobre la esposa del presidente.
La denuncia de la juez de la DANA parada
Manos Limpias también critica que existe una discriminación y sectarismo clamoroso contra el juez Peinado en comparación con la tramitación del expediente sobre la juez Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa judicial sobre la DANA. La queja lleva más de un año sin resolverse.
«Un hecho relevante y que avala esta denuncia lo tenemos en el comportamiento del Consejo General del Poder Judicial en el caso de la denuncia formulada por el sindicato Manos Limpias contra la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, y de su marido Jorge Martínez, magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia, en el conocido caso de la DANA, donde por hechos gravísimos se tomó declaración a afectados por parte del marido de la juez de la DANA, sin estar habilitado para ello, y donde se procedió a la apertura de diligencias previas pasados 10 días y donde en la actualidad, el expediente sancionador se encuentra paralizado», explican en el escrito recogido por este periódico.
«Credibilidad desacreditada»
Los denunciantes exponen en el escrito ya presentado ante la Comisión Europea que la credibilidad del CGPJ ha quedado totalmente desacreditada. «El órgano de administración de jueces y tribunales ha demostrado con su actual presidenta, la denunciada, que se ha doblegado ante la presión del Poder Ejecutivo para incoar un expediente disciplinario a un juez, vulnerando las reglas de un Estado democrático y del Estado de Derecho», explican.
Y prosiguen: «Que acepte ipso facto una denuncia o queja del Ministro del Interior de manera prácticamente automática en menos de 24 horas, saltándose la tramitación de unas diligencias previas que directamente tendrían que iniciarse por el Promotor de la Acción Disciplinaria, pone de relieve esa presión, así mismo, al propio Promotor de la Acción Disciplinaria, que se ve compelido a iniciar de forma exprés un procedimiento sancionador».
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